#ANTESDEL76
#TERRORISMODEESTADO
Zárate y el cordón industrial en
1975.
Durante los primeros seis meses del año 1975 la
situación general del país se encontraba en un estado de movilización popular constante
y sostenida. Tanto a nivel político y social, como sindical.
Desde los grandes estallidos fabriles en el interior
del país surgidos pocos años antes (El Rosariazo, el Cordobazo, el Tucumanazo y
otros mas) se venía produciendo un proceso de acumulación de esas experiencias en
los espacios de participación ciudadana. Tanto desde estos mencionados
estallidos, como desde la recuperación democrática en Marzo de 1973. Todo ello,
fruto de la movilización popular de la sociedad civil en general y del campo
trabajador en particular.
Estos instrumentos de representación expresaban la
institucionalización de conquistas sociales, producidas en el siglo XX; y
especialmente a partir de 1945, durante el proceso peronista con sus
consecuentes avances laborales y sociales.
Las tensiones producidas durante las últimas dos
décadas hasta ese entonces, con los consabidos golpes militares de 1955, 1962,
y 1966 y sus consecuentes medidas de proscripción y persecución en la vida
civil, la vulneración del estado de derecho, el encarcelamiento de opositores
–entre otros factores- fueron produciendo un desarrollo de esta mencionada
acumulación contestataria y antiautoritaria en todos los órdenes de la vida
social, frente a cualquier medida arbitraria –mayormente medidas producidas
durante las mencionadas dictaduras- que intentasen suprimir estas conquistas.
La movilización en la calle y en la fábrica como
espacio común, el antiburocratismo y la democratización de otros ámbitos que
trascendían a los partidos políticos dentro de la la sociedad argentina eran un
hecho. Ámbitos como sectores profesionales, centros de estudiantes,
organizaciones barriales, sectores de la iglesia; fortalecían la consolidación
de una democracia participativa incipiente. Con una base social consolidada por
los denominados colectivos protectores.
Esta condición dinámica y contestataria también se
desarrolló frente a las primeras políticas económicas regresivas que empezó a
producir el mismo gobierno peronista, concebidos inicialmente a partir de la
renuncia de Héctor Cámpora.
A inicios de 1975, transcurridos algunos meses de la
desaparición física del General Juan Domingo Perón el Julio de 1974, los
sectores mas ortodoxos y conservadores en el peronismo habían logrado
hegemonizar el partido gobernante y el espacio estatal, sintetizados representativamente
en las figuras de la entonces presidenta Estela Martínez “Isabelita” y el
ministro de bienestar social José López Rega apodado “El Brujo”. La situación
política y social no era nada alentadora para gran parte de la población
argentina.
A su vez la democracia entonces una alternativa
institucional incipiente, no era concebida del todo como un instrumento para
solucionar las dificultades económicas y sociales de la población, menos que
menos sus desigualdades.
Estos mencionados sectores ortodoxos desde la
dirigencia estatal, con el propósito de perseguir y aniquilar físicamente
opositores a su gobierno, conformaron por un lado una estructura parapolítica
conocida como la “Triple A” (dicha organización reclutó militares y policías retirados,
matones sindicales y ex convictos) para un esquema de represión clandestina y
por otro estructuraron institucionalmente la represión sistemática a través del
estado y del gobierno con medidas oficiales. Condicionando así la democracia
hasta hacía poco recuperada. Descomponiendo de a poco el estado de derecho que había
sido también recompuesto en Marzo de 1973.
Este accionar estatal y gubernamental tuvo un
desarrollo paulatino, pero firme en el tiempo que se tradujo a diferentes
etapas de reformas institucionales como lo fueron:
1. 1. La reforma del Código Penal para Enero de 1974
agravando penas y calificaciones delictivas en el nivel político.
2. 2. La sanción de la Ley Nº 20.840 en Septiembre de 1974
3. 3. La declaración de estado de sitio el 8 Noviembre de
1974
4. 4. La emisión del Decreto del denominado “Operativo
Independencia” en la Provincia de Tucumán el 5 de Febrero de 1975. Autorizando
el gobierno nacional, con esta medida, por primera vez a las fuerzas armadas a
reprimir y aniquilar dirigentes y opositores en el seno de la población civil.
Inicialmente sobre una pequeña parte del
territorio nacional.
5. 5. La sanción del Decreto 2770/75 que creó el Consejo de
Defensa y habilitó en todo el orden nacional, la represión política a manos de
los entonces miembros de las Fuerzas Armadas, otorgando subordinación a todas
las fuerzas de seguridad debajo de aquellas en la instrumentación de la
represión sistemática.
Se estableció así un marco legal institucional que otorgó
amplios poderes y márgenes poco claros para el accionar penal, policial y
militar del estado. Diluyendo la frontera existente entre una supuesta “conmoción
interior” o “enemigo interno” y la plena aniquilación de cualquier opositor al
régimen gobernante. Ya fuese dentro de las instituciones o fuera de ellas. Aniquilación
física ésta, que se tradujo y se implementó no sólo sobre los sectores del
peronismo, sino sobre el resto de los sectores de izquierda o directamente
sobre los espacios sindicales, y culturales de la población civil.
A este respecto, el investigador Luis Klejzer afirma
lo siguiente:
“(El período en cuestión)…se caracteriza por una ofensiva de la derecha
peronista a través de una sistemática política de depuración de la
“infiltración” de izquierda, que incluye asesinatos de militantes e intervenciones
a las provincias donde tenía influencia la izquierda peronista (Servetto,
2010), todo esto con el aval de Perón.
En este período la violencia política adquirió un
salto cualitativo. Esta etapa contó con ilegalizaciones, persecuciones, atentados
y aniquilamientos físicos. Siguiendo a Inés Izaguirre, desde la muerte de Rucci
(25/9/73) los muertos de las organizaciones revolucionarias pasaron de 4 casos
a 56 durante el gobierno de Perón y llegando a 979 el 23/3/76.[1] El autoritarismo del gobierno se vio
reflejado en su accionar represivo borrando los límites de lo estatal y
paraestatal.” (1)
Portada del Periódico "El Norte" de San Nicolás. Ejemplar de Marzo de 1975, informando los sucesos en torno a los procedimientos represivos producidos en la región.
Efectivamente, estos sectores del entonces poder político tendrían manifestación concreta en Zárate y en el resto de las ciudades de la región durante esta etapa.
Desde 1970, en Zárate, la situación emergente en el
plano social se traducía a la gran cantidad de paros y
huelgas e incluso tomas de fábricas que se producían como un límite ejercido
desde la clase trabajadora. Tanto hacia el accionar arbitrario de las patronales
fabriles -cuyas cúpulas empresarias formaban parte de los sectores económicamente
mas concentrados en nuestro país- como también del gobierno estatal en cuanto a
despidos, recortes salariales, aumento de las tarifas de los servicios y
supresión de otros beneficios diversos para el sector trabajador.
También, las relaciones existentes en las delegaciones
de algunos gremios por rama –principalmente la Unión Obrera Metalúrgica- a lo
largo de diversos distritos sobre la ribera del Paraná (Desde San Nicolás,
hasta Campana) que obligaban por necesidad a unificar el accionar y las
demandas de los trabajadores hacia las empresas siderúrgico-metalúrgicas más
importantes producían un marco de movilización regional muy sólido que se
extendía incluso más allá del ámbito sindical en estas poblaciones (ámbitos
barriales periféricos a las fábricas, familias de los obreros, comercios
locales, etc.).
Esta disputa producida precisamente entre los sectores
más concentrados del empresariado y los sectores sindicales que pugnaban por la
justa distribución del ingreso, por salarios dignos y la democratización del
espacio fabril-industrial, producían tensiones y conflictos que se fueron
traduciendo en una persecución de magnitud sustentada también por un marco
político-ideológico conflictivo.
Es de destacar la referencia al testimonio de José Manuel Lópes, quien muy tempranamente al golpe militar “hizo mención a las amenazas que recibió después de unas elecciones para que dejara de trabajar y como eran frecuentes dejó de trabajar, que incluso dejó de ir a la casa de su esposa e hijo en Zárate para evitarles problemas, que en los cinco meses desde que dejó de trabajar en la fábrica hacía changas, que sus problemas comenzaron a partir de ser miembro de la comisión interna de la fábrica.” ( 2 )
La fábrica en cuestión era Dálmine Siderca, por asi
mencionar un solo caso de la diversidad de establecimientos fabriles en
Zárate-Campana que se hallaban inmersos en esta lógica persecutoria ante la
diversificación y democratización de los representantes sindicales en este período,
y las mencionadas demandas.
En ese sentido, tan sólo tomando el ámbito metalúrgico como espacio de esta conflictividad resulta necesario mencionar lo establecido por Pablo Peláez respecto a la fábrica Dálmine-Siderca y sus trabajadores en este período:
“Hacia mediados de la década del
setenta la relativa tranquilidad imperante en la seccional Campana de la UOM,
en la que el secretario general se jactaba de no haber realizado paros desde
1970(AA.VV., 2016: 281), se vio trastocada. El crecimiento de la conflictividad
obrera proveniente de las bases como de la represión estatal y paraestatal
sobre los trabajadores, en paralelo con la intervención de cada vez más
organizaciones políticas y político-militares en la zona, dio lugar a una
profunda reconfiguración del mapa y el accionar gremial. En marzo de 1974 se
realizaron elecciones de delegados y comisiones internas en la planta
industrial, así como en la seccional de la UOM.
A nivel del sindicato, la Lista Rosa,
encabezada por Ángel Luque (quien estaba a cargo de la seccional desde 1970) se
impuso frente a la Lista Naranja, escisión encabezada por el antiguo adjunto de
Luque, Luis Dip. Si bien ambas listas se reclamaban peronistas, la Rosa había
recibido el apoyo de un sector del activismo que venía creciendo fuertemente en
la localidad, conformado en la “Agrupación de Metalúrgicos Independientes”
ligada al PRT-ERP , así como de delegados y activistas ligados al Partido
Comunista (PC). Hacia 1975 las disputas a nivel de la seccional se acentuaron.
Frente al secuestro y la detención de distintos activistas metalúrgicos durante
marzo de 1975, en abril la conducción llamó a un congreso de delegados en la
sede de la UOM en el que un grupo solicitó el inicio de paros de una hora por
turno en las empresas de la zona en repudio al accionar represivo; medida que,
sin embargo, fue rechazada por la mayoría presente. Hacia julio de aquel año,
Juan Manuel Lópes, miembro de la comisión interna de la fábrica de tubos, militante
del PRT-ERP y preso en la cárcel de San Nicolás, envió una “Carta abierta al
compañero Luque”, denunciando su pasividad frente a las detenciones de
numerosos obreros metalúrgicos de la zona.
En el siguiente Congreso General de Delegados
realizado en febrero de 1976, se tomó la decisión de expulsar del gremio a diez
integrantes de la Lista Naranja, quienes abogaban por una Asamblea General y
denunciaban a la conducción por subvencionar a familiares de personas detenidas
por el Poder Ejecutivo sin aclarar la procedencia de los fondos, refugiar
personas buscadas por los organismos de seguridad y distintos hechos de corrupción
con dinero del gremio. Los representantes de la Naranja también solicitaban
expulsar del sindicato a los integrantes marxistas del “terrorismo apátrida”
Juan Manuel “el portugués” López (sic) y Jorge “el Oso” Gómez, ambos miembros
del PRT-ERP y delegados obreros en Dálmine-Siderca. Al finalizar el congreso la
Lista Naranja desconoció a las autoridades del gremio y conformó una comisión
provisoria que pasó a atender en el local de las 62 Organizaciones Peronistas
Campana.
El 11 de marzo de 1976 ocho
integrantes de la Lista Naranja ocuparon la sede del sindicato hasta que al día
siguiente volvió a ser recuperado por la Lista Rosa, con intermediación del
Delegado Regional de Trabajo de Zárate. Estos intensos conflictos, sumados a
los debates sobre el carácter de las actividades desarrolladas por un grupo de
abogados laboralistas dentro del sindicato, generaron la renuncia de varios
integrantes de una conducción sindical que se veía presionada tanto por la
escisión “ortodoxa” de la Lista Naranja, que acusaba a la dirección de no
combatir a las tendencias marxistas, como por el activismo de diversas
organizaciones de izquierda, que latildaban de “burocracia traidora” y de grupo
de “traidores al servicio de la política de Calabró”.Las fisuras dentro de la
dirigencia deben ser entendidas en vinculación a la creciente conflictividad
que se venía desarrollando al interior de la principal empresa de la zona,
Dálmine-Siderca. Allí, las elecciones de 1974 determinaron la aparición de
numerosos delegados y miembros de las comisiones internas pertenecientes a
diferentes tendencias políticas y gremiales. La de la fábrica de tubos quedó
integrada por Adolfo Herrera, ligado a la Lista Rosa de Luque; Juan Carlos
Felippetti, de militancia trotskista; Nicolás Bosco, sin militancia reconocida;
Félix Martínez, ligado a la histórica lista Azul; y Juan Manuel Lópes,
perteneciente al PRT-ERP. Por el lado de la comisión interna de la acería, se
destacó la presencia de José Barreto, reconocido militante del Partido
Comunista, a la par de otros miembros ligados a vertientes del peronismo.
El accionar de estos delegados y
tendencias de orientación más combativa dentro de la fábrica se manifestó en
quites de colaboración, movilizaciones internas y paros en la planta, lo que
configuró un mapa en el que, según algunos ex trabajadores, “prácticamente los
que mandaban era los delegados”. Como mencionamos previamente, esta correlación
de fuerzas se dio en un momento en que la empresa llevaba adelante un ambicioso
plan de expansión para la planta. Esta combinación de factores dio lugar a la
conquista de diferentes derechos laborales por los trabajadores durante el
período, no sólo en el plano salarial sino también en el de las condiciones de
trabajo: el régimen de insalubridad para la sección de acería, nuevos
implementos de seguridad24, la sindicalización y entrega de uniformes para el
trabajo en el sector administrativo, premios por producción, y el pago de un
“adicional Dálmine”.” ( 3 )
La declaración del Estado de
Sitio.
A mediados del año 1974, en Zárate y Campana, se
venían produciendo reiterados operativos y detenciones arbitrarias, dirigidas a
disciplinar a la sociedad civil y amedrentar a diversos dirigentes políticos y
sociales.
Las amenazas e intimidaciones a dirigentes sindicales
y políticos eran una constante. Corolario de esta sistematicidad fueron los
atentados a gran escala, como la explosión producida en la sede de la
Biblioteca José Ingenieros en el mes de Junio –hecho que nunca fue aclarado
hasta el día de hoy- los cuales revelaban una situación de terrorismo con un
móvil político pocas veces visto en la comunidad.
O, como en el caso de la localidad de Campana, algunas
semanas antes, donde en los campos de Otamendi, fue dejado el cuerpo sin vida
–luego de su brutal asesinato- del dirigente sindical metalúrgico y miembro del
Partido Socialista de los Trabajadores Inocencio Fernández el 9 de Mayo de ese
año. Luego de un tremendo repudio nacional, Inocencio (de 26 años de edad) fue
inhumado en una multitudinaria movilización que contó con la presencia del
dirigente del PST Juan Carlos Coral.
En Agosto de 1974, los atentados continuarán, como el
producido sobre el Estudio del Abogado Román Subiza en la entonces esquina de
las calles Belgrano y Alem de Zárate. Sobre la misma fecha también se produjo
otro atentado explosivo en la puerta de la casa del dirigente papelero y
referente del Partido Comunista de Zárate Carlos Miner. También en este mes de se produjo la desaparición
forzada de los restos Francisco Blanco, ex alumno del Colegio Nacional y
militante de la Juventud Guevarista en los episodios de Capilla del Rosario en
Catamarca y la represión coordinada por el ex comisario Alberto Villar. Blanco
fue fusilado por miembros del ejército y su cuerpo está desaparecido, hasta el
día de hoy.
Resulta necesario detenerse también en referencia al
espacio rural de nuestra región sobre distritos aledaños a Zárate dos hechos de
suma relevancia, producidos dentro la órbita de la segunda sección electoral:
El primero y no menos importante fue el asesinato del
ex vicegobernador cordobés Atilio López, en la vecina localidad de Exaltación
de la Cruz el 16 de Septiembre de 1974, junto a su secretario Juan José Varas.
El hecho tuvo lugar a un costado de la Ruta N° 6, a manos de grupos
paramilitares bajo la responsabilidad del ex comisario Fumega. Según pudo saberse después, el parte policial
que figura en la causa judicial que instruyó el juez Norberto Mario Oyarbide
certificó: "...alrededor de los cadáveres se hallaron 131 vainas servidas
de balas calibre 9 mm., 84 disparadas por ametralladores y 47 por pistolas, una
vaina calibre 11.25 y seis vainas calibre 12 mm disparadas por dos
escopetas". Cerca de los cuerpos destrozados había 138 vainas.
El segundo hecho en cuestión fue el asesinato de tres dirigentes políticos
uruguayos el 29 de Octubre de ese año. Luego de haber sido secuestrados y
mantenidos en cautiverio (negándose su paradero) el 13 de setiembre de 1974 los
militantes del Movimiento de Liberación Nacional (que se encontraban exiliados
de la dictadura militar uruguaya): Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Guillermo
Jabif y Luis Enrique Latrónica Damonte. Luego de 45 días de haber sido
detenidos, sus cuerpos aparecieron con heridas de bala, mutilados y enterrados
en cal viva en un predio del Destacamento Duggan, próximo a la Ruta N° 8
Partido de San Antonio de Areco. A pocos kilómetros del límite con nuestra
Ciudad. A la fecha el caso de Daniel Banfi Baranzano cuenta con condena firme
en los tribunales europeos en el marco de la Causa “Plan Cóndor” desde el año
2019. (4)
Estos crímenes, producidos en nuestras comunidades,
que por la magnitud y referencia política y social de las víctimas adquirían un
nivel nacional y regional, establecían a la vez un marco cultural de terror y
disciplinamiento que permeaba las capas mas importantes de las clases
populares, con temprana anterioridad al golpe militar.
Este era el estado de situación del país y de nuestras
comunidades, cuando el gobierno de Estela Martínez de Perón, decidió dictar
nuevamente el estado de sitio. El 6 de Noviembre de 1974 la entonces presidenta
Estela Martínez de Perón decretó el Estado de Sitio en todo el país,
habilitando cientos de operativos, procedimientos cargados de apremios y
detenciones brutales particularmente en los distritos urbanos y obreros. Tanto
en el interior como en la capital del país.
Tomás Edgardo González, militante del Movimiento de Trabajadores Socialistas Bonaerense, detenido en 1974 en San Nicolás, en el marco de estos procedimientos.
Imágenes de graffitis en la estación de FFCC de Zárate que recordaron el nombre de Francisco Blanco, militante del PRT de Zárate, desaparecido en 1974. Las fotos fueron tomadas en ese año por las fuerzas de seguridad.
El decreto 1368/74 daba inicio a acciones e instrumentos extraordinarios en el control de los cuerpos, las libertades humanas y la circulación civil. La medida fue comunicada por la tarde de ese día a las 16:30hs. por el entonces Ministro del Interior, Alberto Rocamora. En sus fundamentos se alegaban supuestas amenazas a escuelas públicas en la capital y el conurbano. Algo que en el tiempo se demostró carecía de sustento, ya que no hubo registro alguno sobre denuncias formales acerca de amenazas o posibles atentados en cuestión. (5)
Los diarios locales reflejaban lo siguiente:
“La Policía hace saber.
Que
ante la ola de amenazas que se han efectuado para con colegiales y maestros, la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, ha puesto en marcha un operativo de
prevención, consistente en patrullajes con móviles equipados con radio, que se
desplazarán por todo el ámbito del Partido de Zárate, para evitar atentados y
reprimir enérgicamente a quienes pretendan consumarlos.”
La instalación de un discurso basado en la sospecha y el
miedo permanente fueron una constante en las líneas de esta etapa del gobierno:
“Se recomienda a la población
1). Mantener la calma; 2). Denunciar a la policía por los medios más rápidos, cualquier movimiento sospechoso de vehículos o personas en las proximidades de los establecimientos educacionales; 3). Recomendar a los niños que no recojan objetos abandonados en el interior o en las inmediaciones de las Escuelas, (aunque sean juguetes), ante la posibilidad de que contengan elementos explosivos; 4). Que en los casos en que los alumnos sean conducidos por sus familiares, debe asegurarse el personal docente, que a la salida sean entregados a éstos, y no a terceras personas.” (6)
Paradójicamente con esta medida se habilitó la custodia militar en las escuelas de la capital y el Gran Buenos Aires. Extendiendo la vigilancia con las fuerzas armadas a todas las escuelas del país. Con esta clase de prácticas, los sectores represivos volvieron a ganar nuevamente mas espacio en la sociedad argentina. El mismo diario citado sobre esto expresó:
“CUSTODIA MILITAR EN LAS ESCUELAS.”
Efectivos de las 3 Fuerzas
Armadas custodian desde hoy los establecimientos educacionales primarios y
secundarios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La vigilancia se
extenderá a todas las escuelas del país. La medida se tomó ante las amenazas a
docentes y alumnos que dieron lugar a la
declaración del Estado de Sitio. La semana pasada. La reunión de gabinete para
tratar los posibles mecanismos de aplicación para la lucha antisubversiva se
haría mañana." (7)
Si bien inicialmente una parte del arco político nacional avaló la medida tomada por la entonces presidente, no menos sectores hicieron valer su análisis y críticas no sólo sobre la medida sino también sobre el contexto en que se implementaron:
Sobre las interpretaciones acerca de esta medida, Luis
Klejzer afirma lo siguiente:
“La hipótesis que sostenemos es que la implementación de este recurso
extremo fue una decisión del Poder Ejecutivo para concentrar el poder,
profundizar la interna peronista y definir la disputa por el liderazgo del
movimiento sin Perón.”
Mas adelante en referencia a las críticas producidas sostiene:
“En el mismo recuadro del diario
(La Opinión, 8/11/74) podemos leer las declaraciones de Raúl Alfonsín, quien
“censuró la suspensión de las garantías constitucionales, al declarar,
anteayer, que ´este tipo de medidas lleva a conculcar las libertades”.
En otra declaración aparecida en Clarín, Alfonsín pone en duda las
amenazas a las escuelas preguntándose quienes eran los responsables. Allí dice
“habría que saber quién es el responsable esta ola de rumores sobre las
escuelas” (Clarín, 8/11/74) Es interesante notar que habla de “ola de rumores”
y no de ola amenazas.
El diputado radical Rubén Rabanal dijo: “será necesario analizar en el
ámbito parlamentario las razones que obligaron al gobierno nacional a dictar el
estado de sitio a tan poco tiempo de sancionadas la ley antisubversiva, a la
que el radicalismo calificó de inútil e ineficaz”. (Clarín, 8/11/74, pág. 27)
Siguiendo con las opiniones contrarias, el Partido Comunista se opuso reclamando que se constituya “una comisión bicameral para investigar la actividad terrorista”. La Alianza Popular Revolucionaria planteó la necesidad “de que el parlamento debata la medida de Estado de sitio” (La Opinión). El partido Demócrata Progresista señaló que “lo sensato hubiera sido que la medida se tomara por el congreso” y advirtió que “tradicionalmente el Estado de sitio ha sido usado para restringir los derechos y anular las libertades de los sectores democráticos, siempre ajenos a las causas que fundamentaron su implementación”. (Clarín, 9/11/74) (8)
Este proceso comenzó a intensificarse en nuestra
comunidad cuando las primeras semanas del mes de Diciembre de 1974, en el marco
de los procedimientos realizados bajo el estado de sitio fueron detenidos los
vecinos Rodolfo Mangevil, Francisco Orlandi, Jorge Rouquette, la escribana
Marta Fiori y Domingo Contín. Todos militantes peronistas representativos de
los ámbitos sindicales, juveniles y barriales. Todos fueron llevados al cuartel
de la gendarmería nacional que se encuentra en la Central Nuclear Atucha 1.
En esas mismas semanas, el médico y doctor Jorge Olmos también fue detenido y fue llevado al penal de San Nicolás, quedando a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, siendo liberado dos años mas tarde, teniendo que exiliarse en Perú. También en Campana fueron llevados detenidos el abogado Roberto Korompay, la docente Marta Querejeta y Ricardo Abel Premat. Unas semanas antes en San Nicolás había sido detenido el vecino zarateño Tomás Edgardo González por su pertenencia política. (9)
Tambien en la vecina localidad de Escobar fueron detenidos los dirigentes peronistas Orlando Ubiedo, Gastón José Goncalvez (este último luego desaparecido en 1976) y su esposa Ana María del Carmen Granada siendo llevados a la sede de la Brigada de San Martín. (10)
Diversos testimonios de vecinos de Zárate y Campana
recuerdan el clima de violencia vivido bajo estos operativos y razzias en las
dos ciudades. Fue por estas semanas que el local político ubicado en las calles
Rómulo Noya y Lavalle en Zárate, perteneciente a sectores de La Tendencia
dentro del peronismo fue intensamente baleado desde un auto por personas
desconocidas en la noche. (11).
En Campana, particularmente, el asesinato de Jorgelina Crespien en plena luz del día sería otro hecho grave en este sentido.
Bajo un contexto de
amedrentamiento y persecución, tanto Zárate el resto de las localidades
aledañas, arrancarían el año 1975 con sus primeros presos y detenidos por
razones políticas.
El 20 de Marzo.
El 20 de Marzo de 1975, en el marco de estas medidas
del gobierno nacional, se produjo uno de los operativos represivos mas grandes.
Establecidos como parte de una política de coacción pública sobre los sectores sindicales, políticos y
sociales que habían formado parte del denominado “Villazo” a mediados del año
anterior.
Con una entonces llamativa organización -hasta
entonces nunca vista- que sería el corolario de lo que ocurriría un año mas
tarde en el país, se movilizaron fuerzas federales de la región, conjuntamente
con las policías de la Provincia de Santa Fé y Buenos Aires y la intervención
del Ministerio de Defensa.
Desde Rosario al Sur de Santa Fé, como asi también en
San Nicolás, Baradero, Campana y Zárate se realizaron decenas de detenciones y
secuestros.
Hogares y familias de dirigentes sociales, sindicales,
referentes políticos, profesionales que poco o nada tenían que ver con delitos
sediciosos u organizaciones armadas fueron allanados en horas de la madrugada,
iniciándose la ingeniería de persecución sistemática a través de los secuestros
y detenciones nocturnas sin notificación, que se producirían durante la próxima
dictadura militar.
Entre los afectados por estas medidas estaban Moisés
Lintridis, presidente de la Biblioteca Popular José Ingenieros y dirigente del
entonces socialismo democrático, de nuestra comunidad; José María Fernández,
trabajador de Callegari, delegado de la UOM, militante del PST y perteneciente
a los sectores antiburocráticos y democráticos del ramo metalúrgico; Emilio
Blanco tambien trabajador metalúrgico y miembro de la Juventud Peronista Evita
conformada por trabajadores de Dálmine en su mayoría; Ricardo Slegt, trabajador
de la entonces Cometarsa. También estaban las familias Amicone, Montero y
Pastorino, entre los hogares violentados por la represión.
Según diversos testimonios, desde 1974, existía un
listado de mas de cuarenta personas entre las que se contaban dirigentes, y
referentes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales de
Zárate-Campana, estigmatizados falsamente por sus ideas políticas. El cual fue
utilizado para instrumentar la represión
e incrementar la persecución y disciplinamiento sobre la población civil.
Todos,
los detenidos en este operativo, en su gran mayoría habían participado de los
hechos y movilizaciones mas importantes que se produjeron en nuestra comunidad
durante la mencionada recuperación democrática iniciada en Marzo de 1973. Otros
por su grado de solidaridad y acompañamiento hacia los sectores mas vulnerados,
sufrieron el estigma de acusaciones carentes de toda prueba o investigación.
También de causas y sumarios plantados por las entonces fuerzas de seguridad y
el régimen gobernante que nada tenían que ver con las garantías
constitucionales del debido proceso, entonces vigentes.
Este
operativo que abarcó prácticamente todas las ciudades mas importantes de la
ribera del Paraná, desde Santa Fe hasta Campana fue publicado en los diarios
mas importantes de la Capital, de Rosario y del resto de estas ciudades.
Resulta
necesario también detenerse en la lógica de producción simbólica de los medidos
de comunicación hegemónicos. Los que presentaron bajo un discurso de la lucha
contra un supuesto “ complot”, contra “la subversión”, o contra “la serpiente
roja del Paraná”. Eufemismos y términos de significado inexistente, que en nada
se diferenciaban de los calificativos utilizados poco tiempo después por la
dictadura militar. Este uso habitual a través de los medios de comunicación de
imponer representaciones y símbolos que justificasen la persecución política o
estigmatizaran opositores, fue utilizado intensivamente; cumpliendo un
importante papel discursivo en la búsqueda de medidas represivas por el
entonces gobierno y finalmente en las bases culturales que facilitarían ante la
sociedad posteriormente la perpetración del golpe militar del 24 de Marzo de
1976.
Esta práctica de imponer un discurso en los grandes
medios de comunicacion buscaba lograr coaccionar mediante una violencia
simbólica sistemática la condición legítima de gran parte de los dirigentes
sindicales –entonces detenidos, cuya representatividad ponía en crisis al
régimen de la ortodoxia peronista- , invocando la criminalización de la
protesta. Ilegalizando asi las huelgas y paros (en ese entonces herramientas
institucionales con rango constitucional), calificándolos como intentos de
“frenar la producción y la libertad de trabajo”.
Argumentaciones y figuras que se elaboraban entre los
medios de comunicación, sectores del gobierno y grupos vinculados a los
entonces servicios de inteligencia del estado, lógicamente buscaban amparar la
represión fabril-. El amarillismo mediático dejaba de ser una posibilidad
sensacionalista en diarios de tercer orden y se institucionalizaba en los
grandes medios nacionales y en el poder político para justificar la represión.
Toda la ciudad fue ocupada por los grupos represores. Se
produjeron secuestros y detenciones durante la madrugada en Villa Massoni, en
el Centro, en Villa Fox, Smithfield y en lo que hoy sería barrio Reysol. Los
detenidos inicialmente fueron llevados a la Comisaría de Zárate y a las pocas
horas una parte importante fueron conducidos a la temible Brigada de
Investigaciones de San Nicolás. Padeciendo algunos de ellos brutales
interrogatorios, torturas y apremios a partir de su ingreso.
Gran parte de estos vecinos fueron liberados a la
semana de estar detenidos en la Brigada de la vecina ciudad. Otros
permanecieron detenidos quedando a disposición de Poder Ejecutivo Nacional en
el marco del Estado de Sitios. Fueron indagados por el Juez Passaglia –un actor
crucial en la represión regional entre 1974 y 1976- en el marco de estas causas
y cargos producidos sobre cientos de detenidos. Muchos de ellos como Moisés
Lintridis y Martín Lladó fueron llevados a los pocos meses a la cárcel de San
Nicolás. Pasando a formar parte de los miles de presos políticos en nuestro
país. Moisés continuó dos años mas detenido, pasando por el penal de Sierra
Chica y la Unidad N° 9 de La Plata.
El Diario “El Norte” de San Nicolás manifestaba en uno
de sus artículos la presencia de miembros del Ejército entre las fuerzas de
seguridad que ejecutaron estos operativos. El ejemplar del Viernes 21 de Marzo
expresaba lo siguiente:
“Desusado desplazamiento policial
fue observado en nuestra Ciudad.
El montaje de un vasto complot
subversivo tendiente a paralizar la actividad de la industria pesada, ubicada
sobre la ribera del Río Parana, donde precisamente esta ubicada la planta
industrial de siderurgia argentina bien cercana a nuestra ciudad, hizo que en
las primeras horas del día fueran observados desplazamientos de efectivos del
Ejército, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Provincial. Muchos de
ellos munidos de armas largas.
Según los medios gráficos
nicoleños se pudo constatar que en los distintos lugares donde funcionan
reparticiones policiales, efectivos con
armas largas fueron estratégicamente apostados como medidas de seguridad,
mientras las calles adyacentes se cerraban al tránsito de vehículos y
peatones.”
La entonces sede y delegación de la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás fue clausurada por las fuerzas de seguridad. Dos días despúes, el 22 de Marzo, los diarios vuelven a informar la continuidad de los procedimientos en San Nicolás y en otros distritos de la zona a esta fecha.” (12)
El mismo 21 de Marzo, en Zárate en las horas del
mediodía, alrededor de las 11 se presentó una inmensa cantidad de personas la
esquina de la Comisaría para exigir la liberación de todos los detenidos, el
respeto a sus garantías y la confirmación jurídica de su paradero. Miembros de
comisiones internas de las fábricas locales y de comisión directiva de los
sindicato del papel y de los trabajadores metalúrgicos (en ese momento las dos
ramas mas numerosas del movimiento obrero local), acompañados por una multitud
de trabajadores de la fábrica Callegari, quienes apoyaron estas exigencias. Manifestando
su solidaridad con los detenidos y expresando que iniciarían gestiones ante las
autoridades nacionales y junto con paros y movilizaciones en las fábricas del
distrito por la liberación de los detenidos. La detención de José María
Fernandez había causado una gran consternación y repudio en el campo trabajador
metalúrgico de Zárate y Campana.
Circularían volantes y folletos por toda la ciudad
exigiendo la libertad de los presos políticos de Zárate. Una semana después, el
27 de Marzo, era secuestrado y asesinado el joven Ramón Cabassi, trabajador de
la papelera Celulosa, estudiante cinematográfico y militante del Partido
Revolucionario de los Trabajadores. Este hecho fue interpretado por algunos
sectores de la comunidad como un mensaje de disciplinamiento para coaccionar la
capacidad de solidaridad y movilización por parte de los diferentes gremios en
la zona, que exigían la libertad de todos los detenidos. Cabassi era sobrino de
Luis Caglierotti, miembro del Sindicato de Trabajadores del Papel local, y
miembro de Comisión Directiva de la Biblioteca José Ingenieros.
Los entonces Ministros de Defensa Adolfo Savino, del
Interior Alberto Rocamora, de Justicia Antonio Benítez y de Trabajo Ricardo
Otero –todos vinculados a López Rega-, coordinaron todas estas acciones
estatales
Familiares y conocidos recuerdan el calvario en sus
testimonios de lo que representaban las visitas en las cárceles a sus
familiares, teniendo que pasar por terribles requisas, interrogatorios y
registros innecesarios sobre madres, esposas, padres y allegados e incluso
niños en los penales de Sierra Chica y La Plata.
Una gran cantidad de vecinos zarateños, solidariamente
se hacían presentes durante los primeros días en estas dependencias para
visitar a sus compañeros y conocidos. Por otra parte, la represión y
persecución desmedida otorgó un marco de mayor movilización de la ciudadanía y
las instituciones zarateñas.
En ese sentido se destacó la creación de la Comisión
de Ayuda a los presos políticos y gremiales, presidida por vecinos de
importante trayectoria política y social en la comunidad. Esto, a pesar de la
adversidad de las circunstancias, representó un precedente institucional de
relevancia en la defensa de las libertades civiles a nivel local.
Para el 11 de Mayo se convocó una reunión plenaria con
todos los partidos del la ciudad. La cual iba a tener lugar en la sede del
Centro Asturiano de Zárate, en la calle Bernardo de Irigoyen al 700, en Villa
Fox; pero la misma fue proscripta por parte de de las autoridades policiales en
el marco del Estado de Sitio. Los operativos y detenciones continuaron durante
toda la segunda mitad del año.
Al momento de
esos hechosEn los viejos
archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires se confeccionó un legajo entero (Bajo el Nº 29 ) de seguimiento,
persecución y espionaje a la Comisión
Por La Libertad de Los Presos Políticos y Gremiales de Zárate. Dicho Legajo
integraba la Carpeta Nº 124 dentro de la Mesa B en las secciones de dicha
Dirección Policial en la Ciudad de La Plata (Donde todo el material de inteligencia
se concentraba y procesaba para posteriormente librar una orden o elevar una
decisión o informe ante otros organismos). La sección B, abarcaba el registro y
recopilación información correspondiente
al mundo del trabajo, entidades gremiales, de la actividad sindical y fabril, y
actividad económica. La Mesa está dividida en factores (Gremial, Laboral y
Económico) y carpetas temáticas y por localidad.
Sello de la entonces Comisión por la Libertad de Presos Políticos en nuestra ciudad en 1975
El factor Gremial contenía mayormente
legajos de establecimientos fabriles y de gremios en las distintas localidades
de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. En este caso particular
de la población civil de Zárate y Campana. Allí, cada distrito tiene una
carpeta numérica que le corresponde. Dentro de las temáticas podemos mencionar,
por ejemplo, "actividad panfletaria" y "huelgas y
conflictos". La mayor cantidad de legajos de los factores Laboral y
Económico corresponden a la década de los años noventa.
El factor Laboral contiene información sobre conflictos laborales y posibles acciones de protesta. (13)
El 24 de Marzo de 1975, el jefe de la delegación dicho servicio de inteligencia en la Unidad de Tigre inició este legajo informando a la centralidad policial en La Plata sobre la manifestación de obreros y gremios que había tenido lugar al otro día del operativo en la Comisaría de Zárate. Folio 2.
Estos operativos y medidas represivas del gobierno de Isabel Perón formaron parte de un proceso de acumulación en el genocidio, el terrorismo de estado y la persecución política que otorgaría las condiciones necesarias en nuestro país para lograr desmovilizar a la sociedad argentina en su totalidad y poder llevar a cabo el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Compartimos aquí el listado de personas
detenidas en Zárate, Campana, San Nicolás y Baradero durante estos operativos (pueden haber errores
y faltas propios de la documentación represiva) :
Listado
de personas detenidas en Zárate.
1) Moisés
Lintridis.
2) Jose
María Fernández.
3) Vicente
Amicone.
4) Raúl
Cattáneo.
5) Hugo
Raúl Canábal.
6) Laino,
Julio Ramón.
7) Jorge
Oscar Labro.
8) Martín
Lladó.
9) Emilio
Blanco. Padre
10) Jorge
Blanco.
11) Emilio
Horacio Blanco.
12) Pastorino
Renato Carmelo.
13) Pastorino
Carmelo.
14) Juan
Carlos Slegt.
15) Apolinario
Arias.
16) Raúl
Aníbal Di Franco.
17) Tapi.
Nestor Omar.
18) Juan
Carlos Toledo.
19) Jorge
Arturo Orlandi.
20) Marcelino
Elías López.
21) Toti
Montero.
22) Ada
Montero.
(Este listado aún se encuentra sujeto a
revisión).
Listado
de personas detenidas en Campana.
1) Raul
Aroldo Moreno. Posteriormente desaparecido en 1976.
2) Ruben
Ernesto Sarna.
3) Martínez
de López Isabel Nélida.
4) Roberto
Demouseille. Calle Sivori 1038.
5) Ramón
Pereyra.
6) Adolfo
Felipe Leuchenko.
7) Juan
Ferricioni.
8) Pedro
Pascual Amaranto.
9) Carlos
Alberto Calvi.
10) Lorenzo
Malvicino.
11) Pascual
Pérez.
12) Jose
María Fernández.
Listado
de personas detenidas en San Nicolás.
1)
Ernesto Kerlin
2)
Ruben Agustin Grosso
3)
Carlos Alberto Girolamo
4)
Alfredo Juan Diana
5)
Hector Jorge Berti
6)
Raul Salvador Caminos
7)
Edgardo Hugo Balassone
8)
Hugo Victor Inés
9)
Francisco Alessio
10)
Ricardo Alberto Meneghini
11)
Eduardo Alberto Rivero
12)
Ricardo Anibal Corelli
13)
Raul Hector Regalini
14)
Luis Antonio Luna
15)
Manuel Perez
16)
Mario
Orlando Aragon
17)
Juan Carlos Gili
18)
Eligiaria Benitez de Perez
19)
Ana Rosa Schops
Listado
de personas detenidas en Baradero.
1)
Juan Carlos Cuffignal
2)
Alfredo Cossi
3)
Nicolás Felipe Amendolara
4)
Irineo Arturo Touzet
5)
Cesar Luis Ledesma
6)
Ernesto Jeanmarie
7)
José Buscaglia
8)
Carlos Alberto Noguera
9)
Livio Enrique Bazzara
10)
Virginia Zucconi
11)
Estela Maris Otone de Raio
12)
Reynaldo Horacio del Barrio
13)
Mirta Noemí de Ganas
14)
Eda Dutra
Fragmentos del Diario "El Pueblo" de Zárate. En el marco de la represion y las detenciones producidas en la región.
Klejzer, Luis. “Estado de sitio del 6 de noviembre de 1974. Argumentos y reacciones a un recurso represivo.”
(Link: http://haciendolahistoriajuntos.blogspot.com/2016/10/estado-de-sitio-del-6-de-noviembre-de.html ).
(3)
Ponencia de Prof. Pablo Peláez “Acá mandamos los de ropa azul”. Líneas de conflictividad y reorganización gremial en una gran empresa siderúrgica entre 1974 y 1983." (Link: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2018/03/seminario/mesa_10/pelaez_mesa_10.pdf)
(5)
Diario "El Pueblo". Zárate. Año XXVI. Viernes 8 de Noviembre de 1974. Nº 7807. Pag. 1.
(6)
Diario "El Pueblo". Zarate. AÑO XXVI. Miércoles 6 de Noviembre de 1974. Nº 7806. Pag. 2.
(7)
Diario "El Pueblo". Zarate. Año XXVI. Martes 12 de Noviembre de 1974. Nº7810. Pag. 1.
(8)
Klejzer, Luis. “Estado de sitio del 6 de noviembre de 1974. Argumentos y reacciones a un recurso represivo.”
(Link: http://haciendolahistoriajuntos.blogspot.com/2016/10/estado-de-sitio-del-6-de-noviembre-de.html ).
Mesa DS VARIOS. Legajo 3435 Antecedentes provistos de la Comisión Asesora de Antecedentes. Tomo I. Mesa B. Carpeta 124. Legajo 29 DIPBA.