A UN AÑO DE LA REPRESIÓN PRODUCIDA SOBRE LA COMUNIDAD
DE BARRIO EL GOLFITO, EL LEGISLADOR CRISTIAN CASTILLO, TITULAR DE LA COMISIÓN
DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE N° 3257 EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS PROVINCIAL, PRESENTÓ UN
PRONUNCIAMIENTO LEGISLATIVO.
POR EL CUADRO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL QUE SE
VIENE PRODUCIENDO EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE ZÁRATE-CAMPANA EN LOS ÚLTIMOS
DOS AÑOS.
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
preocupación de esta Honorable Cámara por la respuesta insuficiente y dilatoria
que viene dando la Fiscalía General Departamental de Zárate-Campana, a cargo
del Dr. Cristian Fabio (funcionario designado durante la gestión de María
Eugenia Vidal y mantenido en el cargo por la actual administración provincial),
así como la Procuración General a cargo del Dr. Julio Conte Grand, frente a
hechos de violencia institucional que afectan a víctimas, familias y
trabajadores del Departamento Judicial Zárate-Campana. No se trata de casos
aislados: los tres que aquí se detallan muestran un mismo patrón, en el que
quienes denuncian abusos de las fuerzas de seguridad o del poder político local
terminan encontrando en la propia Justicia un obstáculo antes que una respuesta.
El caso de Juan Emanuel Aguirre resulta
particularmente elocuente de esta dinámica. Aguirre, vecino del Barrio La
Facera de Campana, miembro de la APDH y ex activista del MTE, es hermano de una
víctima de un asesintao ocurrido en 2011 en dependencias de la Comisaría de
Campana, entonces bajo la órbita de la policía local, y desde hace años viene
siendo intimidado y amenazado por los presuntos responsables de aquel hecho,
que continúan impunes.
Cuando Aguirre comenzó a colaborar con organizaciones de
derechos humanos, esas amenazas se agravaron, y la respuesta institucional fue,
en el mejor de los casos, tardía: el Juzgado de Garantías de Campana rechazó un
Hábeas Corpus Preventivo presentado en su resguardo, y la causa penal que
derivó de ese rechazo lleva ya dos meses abierta sin que se haya citado a
declarar a quien es, precisamente, la principal víctima de los hechos
denunciados. Mientras tanto, el agente Mendieta, señalado como uno de los
responsables de esas amenazas, continuaría en funciones como jefe de calle de
la misma Comisaría de Campana, sin que se haya evaluado siquiera una medida de
restricción de acercamiento. Es difícil no ver en esta demora una forma de
desprotección hacia quien busca justicia por un crimen cometido por las propias
fuerzas de seguridad.
Algo similar puede decirse de lo que viene ocurriendo
en el asentamiento Barrio Nuevo, donde familias que reclaman la regularización
dominial de las tierras que habitan fueron desalojadas por el Municipio y luego
sufrieron amenazas, intimidaciones y hechos de violencia armada por parte de
grupos civiles que parecen operar en función de los mismos intereses que
impulsaron aquel desalojo. Los vecinos y vecinas radicaron las denuncias
correspondientes y sostuvieron su organización pese al miedo, y solo la
intervención puntual de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a
través de la Dirección de Violencia Institucional, aportó alguna medida de
protección. Pero el fondo del conflicto (una situación dominial poco clara, que
la propia gestión municipal conoce, en un terreno cuya condición de "zona
inundable" resulta cuando menos discutible a la luz de la zonificación
catastral vigente) permanece sin resolución, en lo que las organizaciones que
acompañan a los vecinos interpretan como un intento de despejar el predio con
fines especulativos.
El tercer caso remite a una práctica con larga
historia en nuestra región: el espionaje sobre trabajadores y delegados
sindicales. En el marco de la movilización del Comité contra los Despidos de
Tenaris-Siderca, se constató que personal de seguridad y de la Dirección de
Investigaciones (D.D.I.) local realizó tareas de inteligencia sobre quienes
participaban de esa lucha. La causa iniciada a partir de la presentación de la
Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lleva ya un tiempo considerable
estancada en sucesivos planteos de incompetencia entre la Justicia Federal y la
Fiscalía Departamental de Zárate-Campana, sin que se observen avances
sustantivos. Dado que este tipo de prácticas de inteligencia sobre la actividad
gremial tiene numerosos antecedentes en la zona vinculados a la planta
Tenaris-Siderca, la falta de resolución de esta causa no es un detalle menor:
sienta un precedente sobre qué tan dispuesto está el sistema judicial a poner
límites al espionaje estatal sobre quienes ejercen derechos constitucionales
básicos.
Link de Referencia sobre lo sucedido:
https://www.laizquierdadiario.com/Espionaje-policial-la-Bonaerense-al-servicio-de-Techint
Estos tres casos, tomados en conjunto, dan cuenta de
una misma preocupación: que la Fiscalía General Departamental y la Procuración
General no estén garantizando, con la celeridad y la firmeza que la gravedad de
los hechos requiere, el acceso a la justicia de quienes sufren violencia
institucional en Zárate y Campana, ya sea por parte de la policía, de grupos
civiles armados, o de dispositivos de inteligencia estatal. Por todo lo
expuesto, solicito a los Sres. Legisladores acompañen con su voto la presente
iniciativa.
DESDE APDH ZÁRATE SUSCRIBIMOS Y RATIFICAMOS
TODAS Y CADA UNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS ACA EN ESTA INICIATIVA
LEGISLATIVA, CONTINUANDO NUESTRO PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
POBLACIONES Y BARRIOS MAS HUMILDES DE ZÁRATE-CAMPANA EN BÚSQUEDA DE UN
HORIZONTE DIGNO, JUSTO, INTEGRADOR Y DEMOCRÁTICO.
