VIOLENCIA POLICIAL // VIOLENCIA INSTITUCIONAL
DISCIPLINAMIENTO SOCIAL Y COACCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN CIVIL EN LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Como bien sabemos en
esta región de la Provincia de Buenos Aires y del País, Daniel Busson ha sido
condenado a cadena perpetua.
Luego de ser acusado y
denunciado falsamente por el asesinato del joven Lucas Melo en un intento de robo en
2013 en la zona sur de Zárate. Habiéndosele consumado una causa en su contra con la complicidad y
consentimiento de sectores judiciales y grupos parapoliciales de la Zona Norte
de la Provincia de Buenos Aires.
La causa que en su
momento se le instruyó desde la fiscalía local se armó en base a los dichos de
sólo dos testigos; los cuales nunca pudieron confirmar haber reconocido a los
culpables del hecho. Su familia sostiene que es inocente, no hay pruebas para
su condena y piden su absolución. La policía local sostuvo este accionar con el
fin de hallar un culpable en el corto plazo y legitimar esta dinámica que
favoreció a superiores de la fuerza bonaerense ante el repudio del crimen de
Lucas por parte de la sociedad, desviando así la atención de los verdaderos
responsables del hecho.
Al
momento de producirse el fallo de la condena, en el juicio oral que tuvo lugar
en la órbita del Departamento Judicial de Zárate-Campana, el Dr. Claudio
Rópolo, uno de los jueces del Tribunal Criminal local N° 2 declaró a Busson
inocente ya que «nunca tendría que haber ido a la rueda de reconocimiento
porque no había razones para incriminarlo". Ello atento a que no obraba ninguna
prueba de ningún tipo al respecto.
Esta
conclusión del magistrado dejó la certeza (desde el mismo Tribunal) que la
denuncia, acusación y condena sobre Daniel fueron instigados por miembros de la
Comisaría de Zárate con el objeto de armar una causa con el consentimiento del
poder judicial de la región. Los otros dos magistrados no coincidieron y
dictaminaron cadena perpetua. Actualmente, el caso está en manos de la Corte
Suprema ya que esperan por una resolución en torno a la apelación de Daniel.
La
magnitud de este accionar por parte de la Comisaría de Zárate, en el Norte
Bonaerense, demuestra que la policía -ante un delito cometido que causó una
gran conmoción social- en vez de hacer
una investigación, a decir de la familia Bussón: solamente quería un culpable y
agarraron al primero que encontraron .
Resulta necesario aclarar que esto no es un hecho aislado, ni comporta una
excepción al normal accionar del sistema penal. En el funcionamiento de las
agencias policiales, así como de las judiciales, es común ver como se despierta
y despliega el aparato penal frente a cuestiones que causan una conmoción
social. Y es que, este es el afán de la política de seguridad regente: hacer
crecer la credibilidad de un buen funcionamiento. Para esto -y porque ninguna
burocracia se suicida- es menester perseguir aquellos delitos de fácil y
rápida resolución, aplicando el poder punitivo a quienes son más vulnerables e
indefensos frente al aparato penal. Es por pura conveniencia que se ha encarcelado
al señor Bussón.
Se
tiene conocimiento también que «otro testigo dijo que sabía quiénes habían
sido, mencionó sus nombres y apellidos y esa línea de investigación nunca se
siguió (ni por los instructores judiciales locales, ni por la policía).
Solamente hicieron un allanamiento, que fue un procedimiento “superficial” en
la lógica policial y que tuvo como resultado el secuestro de las partes de una
moto Crypton Roja y un motor con los números suprimidos que coinciden con el
relato de los testigos al momento del hecho, sin embargo esa línea de
investigación fue abandonada sin razón aparente. Todo este accionar por parte
del poder judicial se produjo desde la Fiscalía N° 1 a cargo de Pablo Bueri.
Edificio de la Cámara Judicial del Departamento Zárate-Campana.
A
la fecha, Lucía Di Tullio, compañera y actual pareja de Daniel, manifestó ante
el Diario “Ámbito Financiero” en 2023: “Estamos desesperados, no pueden condenar a
alguien inocente con una cadena perpetua mientras los culpables están sueltos
dando vueltas" y luego concluyó: "Esperamos que se haga justicia
pronto, no solo por nosotros sino también por Lucas. Sus asesinos siguen
sueltos".
Las primeras
Intervenciones de Organismos de DDHHs en la Prov. De Buenos Aires.
A principios de ese mismo año, la
Comisión Provincial por la Memoria intervino en el caso. La Comisión, en su
condición de Mecanismo Local de prevención de la tortura se presentó como
amicus curiae en la justicia, después de analizar y evaluar la prueba existente
en esa causa y denunciar su estándar probatorio deficitario. Esta presentación
acompaña la realizada por la Defensoría ante el Tribunal de Casación de la
Provincia de Buenos Aires y busca aportar elementos que son resultado del
trabajo del organismo en materia de derechos humanos, “ creemos serán útiles
para la resolución de las cuestiones planteadas”, señalaron.
La centralidad del análisis por
parte de la CPM es clara en cuanto a que la pena a Busson se encuentra basada
casi exclusivamente en un reconocimiento en rueda realizado con irregularidades
notorias por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Como se
refirió, una de las testigos principales del caso había dicho que no podía
reconocer a los acusados cuando declaró en la etapa de instrucción. No
obstante, fue llamada sin lógica ni fundamentos al procedimiento de
reconocimiento en rueda en el que – de manera llamativa- señaló a Busson y
Micucci. Además, en la misma rueda de reconocimiento, una testigo amiga de la
víctima escuchó a quien se encontraba a cargo indicarle a los testigos a
quienes debían apuntar citando textualmente : “Apuntá al de la oreja cortada y
al de barbita que esto es un tramite y me los llevo derechito al penal”, esto
también fue presentado en juicio e ignorado por los jueces de la primera
instancia.
El organismo
provincial enfatizó que la condena perpetua quedó fundada “en una única prueba que carece de legitimidad” cuestión que “conlleva
la posibilidad de que nos encontremos frente a una causa fraguada. Hecho que
manifiestamente daña las instituciones democráticas, afectando la legitimidad
de las agencias estatales”.
El fallo
condenatorio, dictado por el Tribunal Oral Criminal N° 2, fue dividido: uno de
los jueces, Daniel Claudio Ropolo, votó en minoría y detalló evidencias por las
que considera que la acusación estaba basada en un armado policial y que no se
comprendía bajo qué elementos vinculantes se llevó a los dos imputados a esa
rueda de reconocimiento.
En el escrito
presentado, la CPM ratificó la conclusión de que fueron excluidas otras líneas
de investigación aportadas por otros testigos, las cuales resultaban necesarias
y eficaces para una verdadera investigación. Daniel desde su lugar presentó
pruebas que acreditaban claramente que en el momento del crimen estaba en otro
lugar y hubieron testimonios que señalaron e identificaron a otras personas
involucradas en el crimen.
Daniel.-La Comisión en este sentido también señaló hasta el día
de hoy la influencia del contexto en el que se dieron los hechos: “frente a discursos
de emergencia en materia de seguridad y a un caso que por su gravedad
conmocionó a toda la población de Zarate, por lo cual encontrar rápido a sus
responsables” urgía. «Las presiones
mediáticas, en este marco, condicionan fuertemente las respuestas judiciales”.
Como
bien han referido los equipos legales y técnicos de la Comisión Provincial por
la Memoria se ha identificado que la práctica policial de fraguado de causas
está orientada, al menos, hacia dos finalidades:
-Por un lado, exhibir efectividad en la represión del
delito;
-Por el otro, neutralizar a determinados sujetos
estigmatizados o que por otros motivos se tenga la intención de criminalizar.
Estos factores se
amplían a partir de la falta de implementación de la Policía Judicial en la Provincia
de Buenos Aires; a fin de terminar con la delegación absoluta de la tarea
fiscal en la policía (manteniendo criterios del Siglo XIX y de las peores
dictaduras de nuestro país) en los procedimientos. Concluyendo que esto sigue
representando una “policialización” de las investigaciones que conspira contra
las garantías procesales, el estado de derecho y la democracia en el ámbito de
la Provincia de Buenos Aires.
Esto implica por un lado, el crecimiento del poder de
acción de la policía, que es quien selecciona a los potenciales criminalizados
y los acerca al proceso judicial; y por el otro, la disminución del poder de
acción de los agentes judiciales, que actúan como meros aceptadores de los
candidatos de las agencias policiales -cuando no lo hacen directamente como
cómplices conocedores- . Esto es lo más peligroso de los casos como el aquí
analizado, puesto que se ve totalmente corrompido el debido proceso legal.
La actuación y
el desempeño de los policías en otras regiones del territorio bonaerense.
Otro dato relevante para tener en
cuenta es el comportamiento de la comisaría 1°era de Zárate que intervino en la
causa de Daniel, quienes de manera reiterativa y casi como un modus operandi
fueron siendo noticia a lo largo de los años, no solo antes del hecho sino que
también posterior al mismo, debido a que en el lapso de cinco años ya habían
cambiado QUINCE veces de comisario incluyendo al Comisario Manfredi quien había
estado a cargo durante el arresto de Daniel y contando también a su antecesor
Daniel Segovia quien había dejado el cargo dos meses antes del hecho el cual
está procesado por tener más de 6 denuncias y cargos de corrupción y amenaza
activa con un sumario interno que labró la Jefatura Departamental y que luego
fue continuado por el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires.
Nuevamente para el 2018 Asuntos
Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, ya habían tenido que remover al titular de la Comisaría 1ra de Zárate,
el Subcomisario Diego Juárez quien se encontraba vinculado a una causa por
“tormentos, vejaciones y apremios ilegales”.
Así mismo con el subjefe de la Comisaría 1era de Zárate
quien fue imputado en el 2023 por intentar vender una camioneta robada y además
asesinó y lesionó a las víctimas. Finalmente por si fuera poco, en abril de
2023 condenaron a Andres Salvador Segovia integrante de la DDI de José C Paz a
9 años de prisión por el robo de cinco kilos de marihuana de un cargamento que
había interceptado, el mismo Andres
Segovia que en el año 2013 intervino de forma directa en el arresto de Daniel
Busson con el apoyo de dicha comisaría.
Este breve resumen historizado de los últimos años deja
en evidencia que efectivamente estamos ante un modus operandi que se maneja con
total impunidad y que no es específicamente una institución en la que se pueda
confiar la seguridad de nadie. Dicho esto y teniendo en cuenta las pruebas que
se presentaron el caso de Daniel: La NO respuesta del Departamento de porqué se
lo había llevado a la rueda de reconocimiento, seguido al testimonio de Belen
Messina quien escuchó al responsable de dicha rueda indicar a quienes tenían
que apuntar refiriéndose a esto como un trámite que ya estaba arreglado, no
hace otra cosa más que dejar al descubierto que esto fue organizado desde el
primer momento para callar la movilización social que se había producido en ese
momento, poniendo como culpable a una persona que sabían no podría
defenderse.
Sede de la Comisaría de Zárate (Prov. de Buenos Aires).
Daniel fue detenido en el 2013 con
una preventiva hasta el 2017 que se dio lugar a juicio, la misma salió con su
sentencia de prisión perpetua y se apeló a Casación donde no le dieron lugar y
se volvió a apelar a la Corte de Provincia con el mismo resultado. Desde
Noviembre del 2021 ingresó con un recurso Extraordinario a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación donde hoy ya se encuentra en la tercera vocalía esperando
la resolución final.
La Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos de Argentina, a través de la firma y la voluntad de sus tres
presidentes Eduardo Tavani, Mariela Pérez Cisneros y Paula Topasso, en la
presentación efectuada del Amicus Curiae ante este caso refirió:
“En el
caso bajo análisis, se condena a Edgardo Daniel Busson a la pena de
perpetuidad.
Nos encontramos frente a la pena más alta con la que cuenta nuestro ordenamiento
jurídico.”
“Consideramos
que la condena se realizó con un estándar probatorio que a todas luces
deviene insuficiente.”
“En este
sentido, se trata de una pena impuesta prácticamente por el resto de la vida de
una persona basada casi exclusivamente en una sola prueba: un reconocimiento en
rueda realizado bajo irregularidades notorias por parte de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires.”
Concluyendo la APDH enfáticamente
que el carácter definitivo de la actividad probatoria inicial en cualquier
proceso, determinó también “la progresiva
inobservancia de las garantías constitucionales en el proceso, una creciente
corrupción en la institución policial y una permeabilidad del secreto o reserva
de las actuaciones frente al Poder Ejecutivo, fruto de aquella doble
dependencia".
Al
momento de la fecha actual en la causa, los recursos de Amicus Curiae que están
actualmente presentados en la causa son:
Comisión Provincial
por la Memoria. :https://drive.google.com/file/d/1HOGmbb68J0j3yvsUUDO4AzdREE-51H9f/view?usp=sharing
Asociación
Pensamiento Penal https://drive.google.com/file/d/1GJRaXEgLqFmZh8_SRpkckYnOcKfSa2oQ/view?usp=sharing
APDH (Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos) https://drive.google.com/file/d/16Ouhi_WSDRRSdwEnrcZ8UZwjawsPF3hy/view?usp=sharing
CELS (Centro de
estudiantes Legales y Sociales) https://drive.google.com/file/d/1fICWYAOCGRyMpLlxlnjhxpkmf005VaLb/view?usp=sharing
CORREPI
(Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) https://drive.google.com/file/d/1f0CwsGF7qPYm2lVnwaHLhPYDo88mrcXt/view?usp=sharing
SERPAJ (Fundación
Servicio de paz y Justicia) https://drive.google.com/file/d/17s7sV1ALa54cEApVu6ZZew8ADyne87jm/view?usp=sharing
CODESEDH (COMITE
PARA LA DEFENSA DE LA SALUD, LA ETICA PROFESIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS,
ASOCIACION CIVIL) https://drive.google.com/file/d/1G0UTYrozeibc7kN-yri7CtQe6w3k1BDn/view?usp=sharing
Por otra parte, los
espacios y organizaciones: Innocence Projects, Inocentes en lucha e Izquierda
socialista ya están elaborando sus propios recursos deAmicus Curiae para
avanzar en el mismo sentido que el resto de los organismos
EXIGIMOS LA LIBERACIÓN Y ABSOLUCIÓN
TOTAL DE DANIEL Y LA INVESTIGACIÓN Y CONDENA DE LOS POLICÍAS Y VERDADEROS
RESPONSABLES DEL CRIMEN.
Cobertura
Periodística del Caso de Daniel, los últimos años en medios nacionales y
regionales de nuestro País:
26 de Enero 2023.
Nota en portal Digital
Medio Nacional “Ambito Financiero”. Crónica actual del caso.
https://www.ambito.com/informacion-general/crimen/piden-rever-la-condena-perpetua-un-joven-zarate-no-estaba-el-lugar-los-hechos-n5637823
27 de Enero 2023.
Cobertura del Portal local de Zárate
“Impacto Local”. Resumen narrativo de los hechos y la causa.
https://impactolocal.com.ar/2023/01/27/piden-rever-la-condena-a-perpetua-de-un-joven-de-zarate-no-estaba-en-el-lugar-de-los-hechos/
11 de Febrero 2023.
Entrevista audiovisual a Lucía Di Tullio.
Medio El Provincial.
https://www.youtube.com/watch?v=4spwRrf_COg
25 de Febrero 2023.
Crónica periodística medio nacional
“Página 22”. Narrativa denunciando los hechos y la causa.
https://www.pagina12.com.ar/526477-la-condena-a-perpetua-plantada-por-la-policia
6 de Junio 2023
Crónica informativa de Agencia ANDAR,
perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria.
https://www.andaragencia.org/la-comision-provincial-por-la-memoria-acompana-el-pedido-de-revision-de-una-condena-a-perpetua-con-pruebas-fraguadas/
20 de Octubre de 2023
Crónica informativa del caso Medio “La
Poderosa”
https://lapoderosa.org.ar/2023/10/diez-anos-preso-gratuitamente/
12 de Abril de 2024.
Crónica denunciando los hechos y la causa
Agencia “Para La Libertad”
https://agenciaparalalibertad.org/causa-armada-por-la-policia-de-zarate-daniel-busson-permanece-privado-de-su-libertad-hace-11-anos
10 de Octubre de 2024.
La Izquierda Diario.
https://www.laizquierdadiario.com/Daniel-Busson-el-joven-condenado-a-cadena-perpetua-por-una-causa-armada-por-la-policia-de-Zarate
