DESDE APDH ZÁRATE COMPARTIMOS IMPORTANTE MEDIDA LEGISLATIVA SOBRE NUESTRA REGIÓN.

 

 

A UN AÑO DE LA REPRESIÓN PRODUCIDA SOBRE LA COMUNIDAD DE BARRIO EL GOLFITO, EL LEGISLADOR CRISTIAN CASTILLO, TITULAR DE LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE N° 3257 EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS PROVINCIAL,  PRESENTÓ UN PRONUNCIAMIENTO LEGISLATIVO.

POR EL CUADRO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL QUE SE VIENE PRODUCIENDO EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE ZÁRATE-CAMPANA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.

 

 

El presente proyecto tiene por objeto expresar la preocupación de esta Honorable Cámara por la respuesta insuficiente y dilatoria que viene dando la Fiscalía General Departamental de Zárate-Campana, a cargo del Dr. Cristian Fabio (funcionario designado durante la gestión de María Eugenia Vidal y mantenido en el cargo por la actual administración provincial), así como la Procuración General a cargo del Dr. Julio Conte Grand, frente a hechos de violencia institucional que afectan a víctimas, familias y trabajadores del Departamento Judicial Zárate-Campana. No se trata de casos aislados: los tres que aquí se detallan muestran un mismo patrón, en el que quienes denuncian abusos de las fuerzas de seguridad o del poder político local terminan encontrando en la propia Justicia un obstáculo antes que una respuesta.

 

 

El caso de Juan Emanuel Aguirre resulta particularmente elocuente de esta dinámica. Aguirre, vecino del Barrio La Facera de Campana, miembro de la APDH y ex activista del MTE, es hermano de una víctima de un asesintao ocurrido en 2011 en dependencias de la Comisaría de Campana, entonces bajo la órbita de la policía local, y desde hace años viene siendo intimidado y amenazado por los presuntos responsables de aquel hecho, que continúan impunes. 

Cuando Aguirre comenzó a colaborar con organizaciones de derechos humanos, esas amenazas se agravaron, y la respuesta institucional fue, en el mejor de los casos, tardía: el Juzgado de Garantías de Campana rechazó un Hábeas Corpus Preventivo presentado en su resguardo, y la causa penal que derivó de ese rechazo lleva ya dos meses abierta sin que se haya citado a declarar a quien es, precisamente, la principal víctima de los hechos denunciados. Mientras tanto, el agente Mendieta, señalado como uno de los responsables de esas amenazas, continuaría en funciones como jefe de calle de la misma Comisaría de Campana, sin que se haya evaluado siquiera una medida de restricción de acercamiento. Es difícil no ver en esta demora una forma de desprotección hacia quien busca justicia por un crimen cometido por las propias fuerzas de seguridad.

 

 

Algo similar puede decirse de lo que viene ocurriendo en el asentamiento Barrio Nuevo, donde familias que reclaman la regularización dominial de las tierras que habitan fueron desalojadas por el Municipio y luego sufrieron amenazas, intimidaciones y hechos de violencia armada por parte de grupos civiles que parecen operar en función de los mismos intereses que impulsaron aquel desalojo. Los vecinos y vecinas radicaron las denuncias correspondientes y sostuvieron su organización pese al miedo, y solo la intervención puntual de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a través de la Dirección de Violencia Institucional, aportó alguna medida de protección. Pero el fondo del conflicto (una situación dominial poco clara, que la propia gestión municipal conoce, en un terreno cuya condición de "zona inundable" resulta cuando menos discutible a la luz de la zonificación catastral vigente) permanece sin resolución, en lo que las organizaciones que acompañan a los vecinos interpretan como un intento de despejar el predio con fines especulativos.

  

El tercer caso remite a una práctica con larga historia en nuestra región: el espionaje sobre trabajadores y delegados sindicales. En el marco de la movilización del Comité contra los Despidos de Tenaris-Siderca, se constató que personal de seguridad y de la Dirección de Investigaciones (D.D.I.) local realizó tareas de inteligencia sobre quienes participaban de esa lucha. La causa iniciada a partir de la presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lleva ya un tiempo considerable estancada en sucesivos planteos de incompetencia entre la Justicia Federal y la Fiscalía Departamental de Zárate-Campana, sin que se observen avances sustantivos. Dado que este tipo de prácticas de inteligencia sobre la actividad gremial tiene numerosos antecedentes en la zona vinculados a la planta Tenaris-Siderca, la falta de resolución de esta causa no es un detalle menor: sienta un precedente sobre qué tan dispuesto está el sistema judicial a poner límites al espionaje estatal sobre quienes ejercen derechos constitucionales básicos.

Link de Referencia sobre lo sucedido:

https://www.laizquierdadiario.com/Espionaje-policial-la-Bonaerense-al-servicio-de-Techint

 

 

Estos tres casos, tomados en conjunto, dan cuenta de una misma preocupación: que la Fiscalía General Departamental y la Procuración General no estén garantizando, con la celeridad y la firmeza que la gravedad de los hechos requiere, el acceso a la justicia de quienes sufren violencia institucional en Zárate y Campana, ya sea por parte de la policía, de grupos civiles armados, o de dispositivos de inteligencia estatal. Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores acompañen con su voto la presente iniciativa.

 

DESDE APDH ZÁRATE SUSCRIBIMOS Y RATIFICAMOS TODAS Y CADA UNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS ACA EN ESTA INICIATIVA LEGISLATIVA, CONTINUANDO NUESTRO PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS POBLACIONES Y BARRIOS MAS HUMILDES DE ZÁRATE-CAMPANA EN BÚSQUEDA DE UN HORIZONTE DIGNO, JUSTO, INTEGRADOR Y DEMOCRÁTICO.