Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos. Zárate.: julio 2026

INFORME Y VALORACIÓN SOBRE CONFLICTO EN BARRIO NUEVO, DESALOJO VIOLENTO Y DEMOLICIONES SIN NOTIFICACIÓN, PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO.

CIUDAD DE ZÁRATE.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Desde la Delegación Regional de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos se suscribe la presente, formal y públicamente para dar cuenta de los hechos ocurridos en la Ciudad de Zárate, a partir de la mañana del día Martes 14 de Julio de 2026. En esta fecha y horario los vecinos residentes del Barrio Nuevo, fueron destinatarios del accionar del Municipio, fuerzas de seguridad locales (COZ) y provinciales (cuerpos de infantería y caballería de la Policia Bonaerense del distrito); mediante la demolición de sus casas y el desalojo (de hecho) del Barrio mencionado. Fueron amenazadas varias familias y personas del barrio y verbalemente por parte de este personal y titulares de estas agencias públicas que intervinieron en esta medida de fuerza, según testimonio de varios vecinos.

Todo lo aqui enunciado se sostiene a partir del contacto y registro mantenido con vecinos y familias del Barrio, entre los días 19 y 21 de Julio del corriente.

No se tiene conocimiento o constancia a la fecha que existan o tengan curso las siguientes instancias que brinden amparo a esta medida efectuada por el Municipio, como ser:

-Denuncia de dueños particulares del predio por desalojo o usurpación.

-Notificaciones formales firmadas a los vecinos y destinatarios de la medida.

-Denuncia pública efectuada por Municipio o Estado Provincial por desalojo o usurpación.

El desplazamiento y movilización de personal policial de Infantería y Caballería abocados a medidas de coacción y uso de la fuerza sobre población, implican el accionar y consentimiento del Ministerio Público Fiscal y Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a estos efectos.

Es así que familias del Barrio denunciaron que topadoras y maquinaria pesada avanzaron sobre sus viviendas. Dándonos testimonio que no tuvieron aviso previo y que el procedimiento dejó desamparados a numerosas personas en la calle, incluyendo niños. Como puede apreciarse a través de medios y redes sociales se mencionó que el desalojo afectó gravemente a las estructuras habitacionales ya establecidas en el predio.

Según testimonios también, varios vecinos y familias se encontraban en sus casas al momento de producirse este accionar, teniendo que salir rápidamente de las mismas ante tamaña violencia y proceder. Esto se agrava a partir de la proximidad del clima frío, la lluvia, las tormentas en el marco de las próximas inundaciones públicamente pronosticadas por organismos públicos en el distrito.

A la fecha, alrededor de 200 familias habitan el barrio desde hace alrededor de siete a diez años, y algunas familias hace tres años. La gran mayoría de ellas trabajan en diferentes tareas y rubros para sostenerse económica y socialmente. Siendo un barrio con necesidades sociales y económicas muy por debajo de la línea de pobreza, en torno a los límites que establece el INDEC.

Esta condición expresamente pública y manifiesta por los vecinos y familias del barrio dan cuenta del estado de su vulneración y necesidad que marca el cuadro de su voluntad al haber decidido asentarse en esta área de la localidad y de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Artículo 36, inciso 7 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: Necesidad y Derecho a la Vivienda. En este sentido, los vecinos afirman que las 200 familias fueron censadas durante el Año 2024 por parte del Estado Municipal a través de su área social, teniendo la Municipalidad registro público de la situación de vulneración de estas familias.

Algunas de estas personas y familias padecieron las inundaciones de magnitud producidas entre Mayo y Junio de 2025, dando registro que nunca representantes del Municipio hicieron presentes (ni en forma previa ni posteriormente a esta contingencia) para resolver las dificultades de los vecinos y familias.

Luego de todo esto, los vecinos se dirigieron a la Avendia Antártida (Arteria de Ingreso a la localidad) para realizar una medida de fuerza y de protesta para manifestar su situación y exigir una explicación de las autoridades por este accionar violento por parte del Municipio y Fuerzas de Seguridad. Allí tomaron contacto con la prensa y medios periodísticos locales donde refirieron lo sucedido, en presencia de accionar policial.

En diferentes medios públicos y la prensa local se toma registro de la versión del Juzgado de Faltas y el Ejecutivo Municipal: según éstos, la justificación legal del procedimiento radica en que se trataba de un predio usurpado con construcciones ilegales. Versiones del ámbito oficial señalaron que las familias ya habían recibido notificaciones previas y que el operativo correspondía a una orden de la Justicia, argumentando inicialmente que las estructuras demolidas no estaban habitadas, lo que fue desmentido por los propios damnificados.

Todo esto fue negado enfáticamente por los vecinos, sosteniendo que las viviendas estaban habitadas por familias y sus integrantes (algunas de ellas, reiteramos, presentes en su interior) al momento de los hechos aquí denunciados.

Luego de estas manifestaciones los vecinos se dirigieron al palacio municipal para solicitar una reunión con el Intendente, no teniendo respuesta mas que afirmaciones verbales del Jefe de Gabinete Municipal Ignacio Novelli, sin obtener definiciones institucionales o explicaciones públicas de magnitud. El funcionario les afirmó que no es un desalojo, es una demolición de viviendas que no estaban autorizadas; ello fue desmentido a la fecha por parte de los vecinos.

Posteriormente se dirigieron ante el Juzgado de Faltas para solicitar explicaciones por lo sucedido, recibiendo la respuesta del Juez de Faltas que se trataba de un procedimiento municipal, que los vecinos no son titulares de los terrenos y predios que habitan y que no se trataba necesariamente de un desalojo. Que los vecinos si adquirieron esos terrenos debían denunciar el hecho como estafa (estas afirmaciones públicas por parte del funcionario fueron expresadas tanto a los vecinos como a los medios periodísticos locales).

Se ha mencionado por parte de los vecinos que son un total de 30 personas afectadas por la demolición de facto de sus viviendas, bajo este procedimiento, sin notificación formal por parte del Municipio o Poder Judicial del Distrito.

A la fecha, los vecinos denunciaron este accionar municipal en la Fiscalía Distrital, labrándose a partir de ello la IPP N° 18-02-4269/26 ante la UFI N° 1 de Campana, a cargo del Dr. Irigoyen. También los vecinos han informado a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (con cuyos representantes han convenido una reunión en el Distrito) y también han dejado registro ante organismos de derechos humanos de la localidad.

Aún los vecinos no han podido acceder o tomar conocimiento de las actuaciones públicas del expediente municipal (única actuación pública que certifica este accionar y procedimiento). Este expediente (N° 4121-3831/2026 del Ejecutivo Municipal), según testimonios de funcionarios municipales dispone de un informe de ENDEZA (Empresa-Consorcio Municipal con órbita en estas cuestiones) que refiere la situación de riesgo y zonificación del predio afectado. Instancia pública que –según funcionarios municipales-, habilita el accionar aquí denunciado.

DESDE ESTA DELEGACIÓN DE LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS SE DEJA DEBIDA CONSTANCIA DE TODO LO ENUNCIADO PARA PRESENTAR ANTE QUIEN CORRESPONDA, A FIN DE RESOLVER ESTA SITUACIÓN MEDIANTE PRONTA Y RÁPIDA INTERVENCIÓN ANTE ESTOS HECHOS.