La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), denuncia ante el señor Relator D. Bernard Duhaime(*) las graves afectaciones a las que se ven sometidas hoy las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina.
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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) es una entidad sin fines de lucro, fundada en 1975. Su objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos enunciados en la Constitución Nacional y en los Tratados incorporados a ella, así como en normativas de orden nacional. La APDH cuenta con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia (IGJ), mediante Resolución 784/86; y con estatus Consultivo Especial en el ECOSOC de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y se encuentra acreditada en el Registro de OSC de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La APDH es una institución federal con representaciones a lo largo y ancho del país, lo que le aporta a la organización un panorama de cada una de las realidades locales, representaciones todas activas en la defensa de los derechos humanos en la región a la que pertenecen. Actualmente, contamos con más 40 representaciones, entre Regionales y Juntas Promotoras, distribuidas en el territorio nacional.
Este informe tiene como objetivo poner de manifiesto ante esa autoridad nuestra enorme preocupación ante el desmantelamiento de áreas muy sensibles del Estado aplicadas a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, con las consecuencias que ello tiene con respecto a la calidad democrática, la investigación, juzgamiento y condena de los responsables del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país, la reparación, y la no repetición de lo sucedido en la historia reciente, y las implicancias que estas políticas generan en el tejido social.
Entre ellas, una manifiesta regresividad en materia de derechos y garantías ciudadanas. Eso es lo que venimos advirtiendo y denunciando desde diciembre del 2023, tras la asunción de Javier Milei al gobierno, y que se ha visto seriamente agravado en los últimos meses de su gestión.
Toda la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, abocada a sostener las políticas que le dieron un reconocimiento a la Argentina en la materia, por años, hoy se ve sometida a un feroz desfinanciamiento, sumado a los masivos despidos de trabajadores que se encontraban aplicados a tareas esenciales.
Debemos señalar que a comienzos de 2024 su dotación era de 1050 integrantes, altamente calificados para llevar adelante las muchas políticas públicas que son propias y le corresponden al Estado argentino, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, el sostenimiento de las causas por crímenes de lesa humanidad, el acompañamiento a testigos y víctimas del terrorismo de Estado, el cuidado y preservación de documentación esencial en los juicios y el de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, desde hace años ya convertidos en sitios de memoria, entre otras tantas labores imprescindibles.
Todo eso hoy está siendo desmantelado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está siendo desmembrada por el gobierno nacional. Han sido despedidos en estos días más de 500 trabajadores y trabajadoras. Y los poco más de 500 que quedan, carecen de las mínimas garantías de estabilidad laboral, siendo su estado de suma precariedad, ya que sus contratos se encuentran sujetos a decisiones absolutamente discrecionales de la actual gestión, que ha dispuesto para quienes logren permanecer en sus puestos, una grosera rebaja salarial y contrataciones sujetas a la voluntad de las autoridades involucradas.
Puntualizamos que el gobierno de Milei asistido por su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona dispuso recortes feroces, que incluyen áreas sumamente sensibles, como en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, los Sitios y Espacios de Memoria, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, las Políticas Reparatorias, y otras muchas más. La reducción dispuesta del personal se estima entre el 30% y el 61%, según el área recortada.
Esta situación hace imposible garantizar las políticas públicas de protección de derechos fundamentales y torna muy dificultoso la continuidad de los juicios por crímenes contra la humanidad, así como las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Al mismo tiempo, estos recortes en las áreas detalladas ponen en riesgo la preservación y el correcto tratamiento del acervo documental y material que se guarda, sobre todo en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), pero también en otros lugares, como los Sitios y Espacios para la Memoria que, como lo señalásemos, funcionan en ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, que dependen de la Secretaría en cuestión.
La Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, cuyo rango fue rebajado de Dirección Nacional, al inicio de 2024, contaba con 112 trabajadores calificados y especializados en áreas de conservación, investigación, comunicación, arqueología, archivo, investigación, educación y mantenimiento. Actualmente, su dotación es de apenas 60 trabajadores y muchas de estas áreas no cuentan con personal alguno que lleve adelante la tarea que se debe cumplir en esos espacios.
De esta dirección dependen siete Espacios para la Memoria: “Club Atlético”, “Olimpo”, “Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos” en la CIudad de Buenos Aires, “ESIM” en la ciudad de Mar del Plata, el “Regimiento de Infantería 9” en la Pcia. de Corrientes y “La Escuelita de Famaillá” en la Pcia. de Tucumán. El Museo y Sitio de Memoria ESMA, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2023, depende directamente de la Secretaría de DDHH de Nación y también ha sido objeto de recortes en su plantel de trabajadores.
Los Espacios para la Memoria se encuentran específicamente enmarcados en la Ley Nacional 26.691/2011 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, Dicha ley en su artículo 2 establece que “El Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.
A su vez, dicha normativa establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Cabe añadir que en nuestro país muchos de los Sitios de Memoria han sido declarados Lugares Históricos Nacionales, que ante esta realidad quedan al más absoluto desamparo.
Cabe destacar que, al mismo tiempo, existen diferentes estándares y recomendaciones internacionales que protegen a los sitios de memoria. En el ámbito regional, el documento sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, adoptado en 2019, elaborado por la CIDH, establece como obligación de los Estados respecto a la preservación de los sitios, el sostenimiento de equipos de trabajo idóneos permanentes para su sostenimiento, e impone a su vez que “Los Estados tienen la obligación de asegurar el financiamiento de las políticas públicas de memoria”.
En el mismo sentido, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, definió en 2012 los Principios Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria, destacando la importancia de estos espacios para garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, y su rol fundamental en la construcción de la memoria colectiva, como así también las obligaciones de los Estados como garantes de dichas políticas, su adecuada señalización y preservación de los mismos.
Es necesario señalar que el Estado Argentino ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras normativas internacionales, por lo cual es su obligación cumplir con lo que ellas mandan, investigación, sanción, reparación integral y adopción de medidas para prevenir la repetición de crímenes contra la humanidad.
Agradeciendo el interés y la atención que el señor Relator pueda darle a esta denuncia, considerando su gravedad y urgencia, quedamos a entera disposición para ampliar todo aquello que resulte pertinente en el caso y que al efecto se nos requiera.
Sin más, saludamos a usted con especial consideración.
Eduardo Tavani
Paula Topasso
Mariela Pérez Cisneros
PRESIDENTES APDH ARGENTINA
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Bernard Duhaime es el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A menudo recibe informes sobre la situación de Argentina que documentan los retrocesos en la materia. En 2024, Duhaime envió tres comunicaciones al Estado argentino expresando su preocupación ante distintos hechos. Las notificaciones cursadas en mayo y en octubre fueron respondidas por el Gobierno. La última, emitida en noviembre, aún no tuvo contestación.
Link de Interés:
https://www.pagina12.com.ar/801026-relator-de-la-onu-sobre-verdad-justicia-y-reparacion-me-preo.
Foto Arriba: Nota Diario TIEMPO ARGENTINO.
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/un-abrazo-a-la-ex-esma-contra-los-despidos-en-la-secretaria-de-derechos-humanos/
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