De Norte a Sur y de este a oeste, pasando por centros urbanos de todos los tamaños, por tierras rurales, bosques, humedales, cordillera, ríos, lagos y mar, en cada lugar se ponen de manifiesto los problemas que habrán de surgir o que se agravarán con la aprobación de este proyecto.
Desde Valle de Tafí –Tucumán- Villa María
–Córdoba- Ciudad de Buenos Aires, Zárate y Campana, Noroeste de Chubut y Ajó en
la Costa Bonaerense, se da cuenta de cada particularidad afectada por este
proyecto de extranjerización y despojo a la Nación y a sus poblaciones más
vulnerables.
En los centros urbanos, uno de los problemas
salientes del proyecto es la modificación del Código de Procedimientos,
pretendiendo llevar a la inmediatez todo reclamo por desalojo, más allá de las
causales que lo sustenten. En esa “bolsa” se mezclan indiscriminadamente
estados de necesidad de numerosas familias vulnerables económica y socialmente,
y casos con otras problemáticas. La idea subyacente es desalojar sumariamente
antes de revisar cada situación. El hecho consumado.
En ese sentido el proyecto se manifiesta, tanto
en sus fundamentos como en su articulado, en favor del concepto más absoluto y
retrógrado que pueda tener el derecho de propiedad, colisionando con la propia
Constitución Nacional que ya se ocupaba eficaz y expresamente del tema; y, de
leyes que a lo largo del tiempo han venido a materializar y garantizar la
progresividad de los DESC, entre los cuales el derecho a una vivienda digna es
básico.
Dado que el proyecto sufrió muchas modificaciones
y no hemos conseguido una última versión fidedigna (la estrategia
antidemocrática siempre es la desinformación), nos basamos en el texto
original, que también se ocupaba del Registro de Barrios Populares.
Otro ejemplo del sesgo a favor de los
privilegios, al pretender dejar sin efecto una de las pocas iniciativas que
buscaban remediar en algo las carencias de personas con viviendas en situación
de irregularidad registral.
Lo resalta también la Regional Villa María: “En la
Pcia de Córdoba, el proyecto generó un fuerte rechazo social y político, ya que
impacta directamente sobre más de 40.000 familias en 318 asentamientos o
barrios populares. Organizaciones sociales, referentes territoriales y la
Iglesia advirtieron sobre posibles retrocesos en la integración socio-urbana,
obstaculizando el ejercicio de derechos sociales básicos y contradiciendo la obligación
del Estado de alcanzar “una mejora continua de las condiciones de existencia”
de todos quienes vivimos en la Argentina.
Desde APDH Zárate identifican que este proyecto
se intenta en un contexto que agravará aún más la precaria situación de barrios
populares como 8 de Diciembre, La Facera, el Área Barrial del Parque Nacional
del Ciervo de los Pantanos en Campana, Barrios El Golfito y Pueblo Nuevo en
Zárate, que muestran problemas tanto en el área continental como insular en el
Delta por los procedimientos que facilitarán desalojos, la cuestión siempre
latente contra las virtudes del RENABAP y particularmente la incidencia
-fatalmente frecuente- de los incendios intencionales en el área del Delta, que
trae consigo la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que lejos de
prevenir y proteger surtirá el efecto contrario al eliminar penalidades y
restricciones al cambio de uso de la tierra.
Particularizando en lo que ocurre en el Estado
tucumano, alineado con el nacional en gran parte de sus políticas, se ha
dejando de invertir en mantenimiento de servicios básicos como las rutas de
acceso a los valles (con dos importantes cuestas) y el agua potable, por
ejemplo, desfinanciando además a la educación y salud públicas.
Instituciones de servicio comunitario, como la
de los bomberos, se encuentran con importantes problemas para su funcionamiento
(El Mollar). Desde finales del año 2023 hay una clara apuesta a la “liberación
de suelos” con una secuencia de desalojos sistemáticos y abusivos en todo el
Valle, atendiendo a intereses foráneos, de grandes emprendimientos
inmobiliarios y de turismo exclusivo. Los valles calchaquíes nos oponemos a Ley
de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.”.
En estos ejemplos puede verse cómo este proyecto
articula con lo que viene sucediendo sin pausa desde 2024 en adelante.
Un proyecto que habilita la extranjerización y
concentración de la tierra en pocas manos, que habilita la posibilidad para el
establecimiento de enclaves extraterritoriales dentro de nuestro territorio,
que desarma aún más las capacidades del Estado Nacional para defender los
derechos soberanos, esos que el actual gobierno repudia, pero que en el
progreso de este proyecto hacia su aprobación podrían quedar en una fatal
irreversibilidad, entre la complicidad del Poder Judicial y las jurisdicciones
prorrogadas que otorgan los regímenes de inversión.
No es menor la gravedad de la cuestión del “manejo
del fuego”. “Esto es muy preocupante para Córdoba, porque es una de las
provincias más afectadas por los incendios, de igual modo que las provincias patagónicas.
De este modo, las organizaciones ambientalistas
advierten que la eliminación derestricciones y penalidades favorece el desmonte
y la presión inmobiliaria, dado el alto valor turístico de las zonas serranas”,
como lo señala la Regional Villa María, Córdoba.
El proyecto que tratamos forma parte de un
paquete grande y estratégico que arranca con la Ley Bases e incluye varias
normas cruciales como los RIGI y SUPER RIGI, la Ley de Glaciares, la ley de
Procedimiento Administrativo con su emblemático y sesgado “silencio
administrativo positivo”, la de “inocencia fiscal”, entre otras muchas normas desreguladoras,
tanto como las ilegales facultades discrecionales que se arroga el gobierno
para endeudar sin límite a toda la nación.
Todo un cambio estructural para permitir,
facilitar, cristalizar y garantizar la continuidad del paradigma
“extractivista”, que no es otra cosa que el saqueo de los recursos nacionales
sin ninguna compensación proporcional.
Como nos lo señalan con precisión desde la Regional
Noroeste de Chubut, en el reciente juicio por usurpación contra Soledad
Cayunao, integrante de la Lof Cayunao, ubicada en las nacientes del río Chubut,
su denunciante, Hugo Alberto Barabucci, declaró que había comprado más de 14
mil hectáreas con una “donación” de los Emiratos Árabes Unidos. Esto significó
que se abriera una investigación por posible lavado de dinero y otras
irregularidades en la compra. Con esta ley, estas situaciones quedarán
liberadas e impunes.
El impacto de esta dinámica es especialmente
crítico en esas áreas de valor estratégico. La cuenca de este río, que nace en
la provincia de Río Negro, es la arteria vital que abastece de agua a las
comunidades de las principales ciudades de la costa norte de la provincia, como
Trelew, Rawson y Puerto Madryn; así como a las poblaciones que se encuentran a
lo largo de su recorrido, que atraviesa todo el territorio de nuestra
provincia, que lleva, además, su nombre.
Las demandas de restitución y el reconocimiento
de la preexistencia quedarían anulados frente a un principio jurídico que sitúa
el título corporativo por encima de los derechos colectivos reconocidos en la
Constitución.
Una ley como esta, de “inviolabilidad” de los
negociados oscuros, sería el complemento para facilitar el avance del saqueo
del agua y la energía y convertir a nuestros territorios en zonas de sacrificio
ambiental.
La Regional de la CABA, que no tiene tierras
rurales en los 199 km2 que posee la capital federal, si tiene, en cambio la
problemática de los barrios populares, hoteles, inquilinatos y otras
modalidades de vivienda o de situación de calle para la población con mayores
necesidades. La ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, tendrá un impacto
claramente negativo para los sectores populares, acentuando los procesos de
despojo, en particular para quienes alquilen viviendas familiares, dado que la
ley establece procedimientos “exprés” para concretar los desalojos, y elimina
las cláusulas que garantizaban hasta la fecha cierta estabilidad a los y las
inquilinos.
Las situaciones de las
diversas regiones que aquí se exponen son la experiencia viva de nuestra organización
en cada lugar.
Y la Costa Bonaerense, de la que forma parte
nuestra Regional Ajó señala que el potencial de esta ley es soslayar los
problemas que ya vienen enfrentando las comunidades de la costa: Los barrios
cerrados, los emprendimientos turísticos de alta gama, los proyectos
energéticos (eólicos), la especulación sobre infraestructura portuaria, con su
estela de desastres ambientales que este proyecto y sus concordantes
desreguladores no harán más que agravar.
Así, nos advierten con suma justeza que “quien controle
grandes extensiones no controla solamente un campo: controla agua, acceso al
mar, biodiversidad y futuras oportunidades de infraestructura” que la ley
transformará en casos de muy difícil reversión. Tal la finalidad del
“endurecimiento de las condiciones para expropiar”, entre otras.
Hemos intentado dar un panorama que enriquece
nuestra sensibilidad para que podamos replicar al máximo las voces que se
elevan ante el peligro que entraña este proyecto para el futuro de esta
Argentina y las generaciones que nos siguen.
Pretendemos llegar a las conciencias de todas y
todos y por eso estamos aquí, desmenuzando la letra de la ley con nuestras
herramientas racionales y nuestra experiencia, pero también con nuestro
corazón, movilizado por los derechos que intentan arrebatarnos.
MUCHAS GRACIAS.
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS
Link de Acceso al Conversatorio transmitido por el Canal de YouTube de APDH Argentina el Lunes 27/7/2026 a las 18:30hs.:
https://www.youtube.com/watch?v=uBISkw1HLII
Link de Acceso a la Presentación de la legisladora nacional y abogada Magdalena Odarda por la extranjerización de la tierra en nuestro País y el recorrido normativo nacional y provincial en esta problematización pública: "BLANQUEO Y PROFUNDIZACIÓN DE LA ENTREGA DEL TERRITORIO NACIONAL":
https://drive.google.com/file/d/1GpBhYloZqecwGK7am0MuYN4uFWf_O75c/view?usp=sharing
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