Desde la Delegación Regional de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos, nos resulta necesario compartir con la Comunidad, sus organizaciones y los espacios que representan a diferentes sectores en Zárate y Campana, como se vienen produciendo ciertas acciones y hechos concretos. Por parte de sectores vinculados directa e indirectamente al oficialismo gobernante, en sus discursos y su proceder.
Somos conscientes que desde que asumió este gobierno con su consecuente programa de recortes y reformas regresivas en derechos para la sociedad y el ámbito trabajador paralelamente se ha dispuesto desde el ámbito oficial un programa de represión, persecución y disciplinamiento de cualquier espacio disidente o que no consienta este accionar del gobierno.
La cadena de conflictos iniciada a través de las movilizaciones populares en plazas y calles de todo el país, el plan de acción de este régimen ha sido sostenido mediante diferentes medidas como el cierre de la AFI (la entonces Agencia Federal de Inteligencia, creada bajo una concepción de control civil en la inteligencia de seguridad federal) y la reestructuración de la antigua SIDE).
A esto se sumó la reforma de los estatutos de fuerzas federales como el caso de la Policía Federal a través del Decreto N° 383/25, además de la instrumentación sistemática del protocolo de la Ministra Patricia Bullrich para movilizaciones en la Capital.
Esta situación nos permite concluir que la agenda del disciplinamiento, la violencia estatal-paraestatal y el espionaje y seguimiento de referentes políticos, sindicales y de la sociedad civil se convirtió en la principal prioridad para el control y represión de la población.
Y para la imposición de este plan económico.
Sistematizando así la desmoralización de la sociedad, destruyendo la solidaridad y quebrando el reclamo en las capacidades del Pueblo y la Sociedad Civil.
En nuestra región y nuestras comunidades, no son menores en este sentido, desde fines de 2023 y con el mencionado cambio de gobierno, las situaciones producidas en actos, movilizaciones y protestas que diferentes sectores de la sociedad vienen llevando adelante.
Situaciones atravesadas por presencia de personal civil fotografiando manifestantes, agentes municipales solicitando documentación e información personal. Es decir un seguimiento disuasivo y coactivo por parte de personal policial (provincial y nacional) en patrullero o en moto en torno a manifestaciones con armas reglamentarias exhibidas.
No pocas situaciones de este tipo se han visto en los últimos dos años en movilizaciones en Plaza Mitre, en Zárate por parte de vecinos y vecinas de diferentes espacios.
Como así también en la Ciudad de Campana, procedimientos irregulares en la vía pública de las mismas fuerzas o siquiera en forma más sutil como las amenazas de bombas producidas en el segundo semestre de 2024 en la zona aledaña a la Plaza Eduardo Costa de Campana, en el marco de las protestas estudiantiles por los recortes presupuestarios educativos. Esto fue denunciado y señalado por organizaciones estudiantiles y educativas de nuestras comunidades en su momento:
Ver Link de Nota:
https://www.m.campananoticias.com/noticia/85888/amenaza-de-bomba-en-la-plaza-eduardo-costa
Desde APDH se tuvo conocimiento que posterior a estos hechos, unidades policiales en Campana efectuaban tomas fotográficas en los ingresos de los establecimientos escolares, posiblemente enmarcadas en estas denuncias o investigaciones preliminares de las fiscalías, denotando una frontera borrosa entre la investigación penal y el registro del espacio público transitado por menores y docentes. No dejamos pasar desde nuestra organización estos precedentes a fin de no repetir estas situaciones en la comunidad.
En Zárate, desde Diciembre de 2023, en el marco de las Asambleas Populares y Culturales realizadas en Plaza Italia, no pasaron desapercibidos los registros de personas civiles sin identificar que fotografiaban reuniones sin consentimiento de los presentes, evidenciando un accionar poco normal e irregular.
Cuestiones y acontecimientos que contaron con el repudio y el rechazo de no pocos sectores de la comunidad, lógicamente en defensa del estado de derecho y la democracia, a contramano de gran parte de sectores dirigentes y con responsabilidades públicas en ambas ciudades, mayormente en el arco del oficialismo gobernante.
Tampoco pasó desapercibido el episodio producido en la Costanera de Zárate, donde a partir de un percance entre jóvenes de LLA y un joven que mostraba ademanes y gestos violentos, se presentó esa noticia como agresión de un joven Kirchnerista (término de los medios locales), sin ampliar referencias al respecto.
Pocos días después, este hecho fue publicado por referentes nacionales de LLA como un hecho de violencia política, no quedando claro cual era la razón y el fundamento en el comportamiento de los jóvenes que habían protagonizado este hecho.
La duda sigue abierta acerca de la procedencia y pertenencia orgánica, política e institucional de estas personas que se presentan como activistas bajo un marco de confusión y persuasión permanente, evidenciando una voluntad política de confundir, manipular y amedrentar y manipular situaciones en desmedro de la paz social y los acuerdos democráticos básicos en la Comunidad y el Pueblo Argentino ante el Estado..
Vemos que consciente e indirectamente desde ciertas agencias de poder mediático, político y discursivo bajo el programa político del oficialismo gobernante (liberalismo autoritario y clasista) se promueve la idea de la existencia de una violencia política ejercida desde determinados lugares y actores sin sustento alguno en la realidad. En otros momentos y otras etapas del país y del mundo, estos episodios se los denominaba como de FALSA BANDERA, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, con tristes y terribles consecuencias para todos los Pueblos del Mundo.
Provocaciones de este tipo han tenido lugar en Zárate durante las últimas movilizaciones docentes que tuvieron lugar entre el 11 y 12 de septiembre. Situaciones en las que dirigentes gremiales a la vez que eran insultados desde automóviles en la zona céntrica de Zárate, eran filmados para luego ser subidos a páginas de redes sociales locales cuyos discursos y símbolos remiten a los sectores del oficialismo gobernante (en el orden nacional y local).
La imposición de estos hechos y estas prácticas materiales y discursivas conllevan la imposición de una cultura y una agenda marcada por el miedo, la confusión, el terror y la delación del otro, del ciudadano que piensa distinto o que se opone a todo aquello que es oficial, ya fuera bajo la victimización sistemática o la coacción violenta (en los medios, las redes y el espacio público).
No dejamos de pasar por alto tampoco, en Zárate, durante principios del Mes de Junio, en el procedimiento policial provincial producido por sobre vecinos y afiliados del espacio Patria Grande, quienes se vieron sorprendidos al ser abordados por agentes policiales de infantería y sectores motorizados de dicha fuerza, requiriendo datos e información personal de los referentes acerca de una simple reunión pública en la Plaza Italia de nuestra Ciudad.
Compartimos Link:
https://www.facebook.com/share/p/1BYUsd1np2/
Desde la Regional de la APDH bajo este contexto y estos hechos de público conocimiento oportunamente presentamos un Hábeas Corpus ante el Juzgado Federal de Campana, ante el cuadro producido con la sanción del Decreto 383/25 por parte del Gobierno Nacional. En defensa de todos aquellos espacios que se manifiestan en el ámbito público contra el ajuste, los despidos y la represión.
Dejamos Link de referencia:
https://www.facebook.com/share/p/1VVATZS8nE/
Todo lo aquí señalado, no son supuestos ni opiniones, sino que nos remiten concretamente a un accionar nacional que ha sido reiteradamente señalado desde diferentes organismos de derechos humanos a través de informes oficiales, datos, investigaciones a partir de denuncias en la justicia y estadísticas concretas.
Esto ha sido expuesto en la presentación del Informe Oficial del Primer Semestre de 2025, elaborado por los Equipos de la COmisión Provincial por la Memoria, conjuntamente con diversos espacios y organismos nacionales en defensa de los derechos civiles de la población.
El área de inteligencia ilegal efectuada sobre la población civil fue un capítulo central en la producción del mismo. Compartimos un fragmento del área dedicada al espionaje e inteligencia ilegal sobre la población por parte de la Comisión:
“Se ha registrado de manera frecuente la participación de agentes policiales, de todas las fuerzas federales intervinientes, video-filmando las manifestaciones. Asimismo, en todas las movilizaciones monitoreadas hasta el día de la fecha, se ha advertido la presencia de personal sin uniforme ni identificación, cuya actuación sólo puede explicarse en la realización de tareas de inteligencia, en colisión con la ley de inteligencia nacional. Este tipo de prácticas asociadas a tareas de inteligencia fueron registradas en al menos 26 de las 31 movilizaciones monitoreadas de manera directa (en CABA y el Conurbano Bonaerense).”
“Tales prácticas corresponden a efectivos filmando con cámaras portátiles, sacando fotos con sus celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos de las movilizaciones, vestidos de civil participando de la marcha y luego colaborando o conversando con agentes identificados, realizando video filmación desde la terraza del Congreso de la Nación y edificios aledaños, utilizando drones, entre otras acciones.”
“No puede omitirse en el análisis las profundas modificaciones normativas realizadas por el Ejecutivo Nacional en el sistema de inteligencia nacional, introducidas mediante el DNU 614/2024 y que actualmente se encuentran controvertidas judicialmente. Como referimos en el informe anual de monitoreo del año 2024, “se han realizado modificaciones sustantivas en la ley de inteligencia 25.520 (alguna de ellas, posiblemente, en colisión con la naturaleza de la propia norma) y se incrementaron los fondos reservados asignados al sistema de inteligencia.”
“El decreto 614/2412 (con fundamentos imprecisos e inconsistentes) dispone, entre otros aspectos relevantes, disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restituir la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Y crea los organismos desconcentrados denominados Servicio de Inteligencia Argentino (inteligencia exterior), Agencia Nacional de Seguridad (inteligencia interior), Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. “
“También revierte las prohibiciones de realización de tareas de auxiliar de la justicia, habilitando nuevamente una tarea que había sido prohibida por las irregularidades e ilícitos revelados entre la central de espías y la justicia.”
“Asimismo posibilita la remisión de oficio de información de inteligencia a la justicia ante la detección de posibles delitos, dando luz verde al uso arbitrario del instrumento de inteligencia para el armado de causas.”
“También se modifica la ley de personal (decreto 615/2024) y se otorgan 100.000.000.000 de pesos 20 en carácter de fondos reservados (decreto de necesidad y urgencia 656/2024) a este nuevo esquema de inteligencia diseñado por fuera de todo estándar internacional en la materia y que desnaturaliza el espíritu de la ley 25.520”. En esta línea, recientemente y mediante el decreto 338/25, se estableció desde el Ministerio de Seguridad de la Nación la modificación del Estatuto de la Policía Federal Argentina. El decreto deja abierta la posibilidad de que la PFA realice actividades y labre actuaciones de investigación con carácter preliminar, es decir acciones de investigación por fuera del control judicial, lo que dotaría a la fuerza de amplios márgenes de discrecionalidad para investigar ya no a organizaciones criminales sino a la población en general.”
Link del Primer Informe 2025 de la Comisión Provincial por la Memoria:
